ATISBOS

Asesinar a una mujer en México

Rafael Cienfuegos Calderón

México es un país violento e impune (realidad, no percepción) que el gobierno transformador no acepta y que parece no preocupa a la mayoría de la gente, en el que cada día se asesina con saña a 9.3 mujeres. Junio es el mes más violento del año con 281 feminicidios dio a conocer ayer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De mujeres víctimas de trata de personas, en los primeros seis meses de 2022 se registraron 329 casos (63 entre mayo-junio); de violencia familiar 135 mil 458 delitos (25 mil 320 corresponden al mes pasado); y en el caso de presuntos delitos por violencia de género están contabilizados 2 mil 596 casos (480 en junio). En abril las denuncias crecieron a 5 mil 924 por lesiones dolosas, a 23 mil 762 por violencia familiar, a 497 por violencia de género, a 2 mil 140 por violación, y a 141 mil 160 por violencia intrafamiliar al 911. Esto exhibe las deficiencias de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y la inoperancia de la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en los 23 estados donde está declarada. Aun así, no hay atisbos de que al gobierno del presidente del cambio le interese instrumentar una iniciativa de ley agresiva que como política pública permita al Estado prevenir, frenar y erradicar la violencia de género en todas sus variantes y los asesinatos.    Blanca Ivonne Olvera Lezama, investigadora y catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expuso (Excélsior 09-07-2022) que a juzgar por la incidencia delictiva en el país, asesinar a una mujer con la que se ha tenido una relación sentimental resulta más sencillo para el hombre común que di­vorciarse y tener que dividir bienes o pagar pensiones alimenticias, derivado de las deficiencias en la investigación, por lo cual los feminicidas resultan impunes. Esta facilidad aumenta si los victimarios cuentan con poder económico, relaciones políticas, saben de leyes o cuentan con costosa asesoría jurídica. Una de las inconsis­tencias, es cuando el Ministerio Público clasifica suicidio, homi­cidio doloso u otro delito, en lu­gar de feminicidio, por lo que no sólo no se investiga con perspec­tiva de género, sino que el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra cifras inconsistentes. Por ejemplo, en mayo pasado registró 357 mujeres asesinadas con violencia, de las cuales 85 se investigan como feminicidio y las otras 272 como homicidio doloso. Para la expresidenta de la Cámara de Diputados,  Ruth Zavaleta (Excélsior 23-07-2022), es indispensable analizar si, aun con el latente fracaso, el Ministerio Público es quien debe investigar. Señala que a pesar de los cambios legislativos que se hicieron para fortalecer esta institución, no tiene capacidad para asumir la cantidad de denuncias que se acumulan en un país violento como el nuestro. Las personas responsables de los ministerios públicos no tienen ni la preparación ni la voluntad para actuar con perspectiva de género ante las denuncias. Y ayer iniciaron los foros de discusión de la iniciativa de ley que elaboró la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero junto con la legisladora Gabriela López,  para evitar que los juicios contra feminicidas queden impunes por tecnicismos legales.