ATISBOS

México necesita un acuerdo nacional sobre seguridad

Rafael Cienfuegos Calderón

La población civil tiene que participar de manera activa en el análisis y discusión de lo que es más conveniente hacer ante el peligro de la violencia e inseguridad.  Su activismo es preciso para que no sean ni el gobierno ni los partidos políticos los que decidan, con base en sus intereses, como resolver el mayor problema que enfrenta el país puesto que incumbe a todos. Pero su participación tiene que darse con acciones serias e incluyentes, sin manipulación, que resulten en un acuerdo nacional, no en eventos político-propagandísticos como el “ejercicio participativo para escuchar la opinión ciudadana en materia de seguridad” que va a organizar en enero la Secretaría de Gobernación del gobierno del cambio. Porque resulta una pérdida de tiempo seguir discutiendo si las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles en 2024 o siguen en las calles hasta el 2028, cuando no queda de otra. Y desechando la politiquería tanto del gobierno como de sus opositores, los ciudadanos pueden presentar propuestas y exigir que se incluyan en la agenda de seguridad como prioritarias con los argumentos de que delincuentes y grupos del crimen organizado dominan importantes zona del país, que es preocupante y desesperante la situación en que está en país ya que en las plazas públicas y calles los enfrentamientos armados son muy frecuentes y la población civil queda siempre expuesta haya o no soldados, marinos y guardias nacionales. ¿Qué está fallando? Eso es lo que hay que identificar con un diagnostico a fondo fincado en la realidad para que a partir de la discusión y el análisis se establezca lo que es factible hacer empleando a las Fuerzas Armadas sin poner en riesgo los derechos humanos. Sin embargo, en tanto no se tenga el diagnóstico es necesario que las Fuerzas Armadas sigan en las  calles el tiempo que sea necesario pues el fracaso de la supuesta estrategia de seguridad que es evidente desde el 2006, lo es más desde que el presidente de cambio ordenó a los elementos militares no enfrentar a delincuentes y miembros del crimen organizado porque “violencia genera más violencia”, aunque sean agredidos, secuestrados, humillados y asesinados. Hoy 80% de la ciudadanía dice sí a que la seguridad pública quede en manos de las Fuerzas Armadas en lugar de las policías locales corruptas e ineficaces, según las encuestas, por el miedo ante los 134 mil 881 homicidios dolosos que suma la violencia criminal a partir de que se implementó la Cuarta Transformación. Cierto es que el Ejército y la Marina no logran contener la violencia pero es imposible pedirle al “creador de la nueva era histórica de México” (Héctor Aguilar Camín, Milenio) que encuartele a sus efectivos y deje sola a la Guardia Nacional ya que aún no está lista. Por tanto corresponde a la población civil tomar la iniciativa y convocar a un diálogo abierto a través de las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos existentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores y alcaldes, partidos políticos, organismos empresariales, medios de comunicación, especialistas en seguridad y académicos, para definir una nueva estrategia de seguridad de largo plazo. Y aunque esto parece imposible ante la negativa a cambiar la supuesta estrategia de seguridad, eso es lo que hace falta. De lo contrario, si se sigue con la misma táctica, no habrá éxito.