ATISBOS

Desconfianza en la política

Rafael Cienfuegos Calderón

El alto grado de desconfianza que hay entre partidos y actores políticos obliga a la celebración de acuerdos o pactos previos a los procesos electorales aunque no se respeten ni se cumplan.

Esa es una tradición de la cultura político-electoral de México que sirve nada más para que los líderes de partidos y candidatos se exhiban en las precampañas y campañas al contender por una presidencia  municipal, una gubernatura y hasta la presidencia de la República.

Ante la proximidad de la elección de julio para gobernador del Estado de México se firmó el Pacto por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2022-2023. Años antes (27 junio de 2012) los aspirantes presidenciales Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri firmaron un “inédito” pacto que los comprometía a respetar el resultado electoral, propiciar la civilidad política y respetar la ley; empero, el abanderado del PRD-PT-MC no lo cumplió y alego fraude del PRI.

Ante esa obstinada y constante desconfianza y por presión de los partidos se sumó al trabajo del Instituto Federal Electoral (INE) la fiscalización de gastos de los partidos políticos y candidatos para que no rebasen los topes de campaña, limitar la participación de dinero privado e impedir el uso de recursos económicos de procedencia ilícita, atender las denuncias por actos anticipados de campaña y por la promoción de candidatos con recursos públicos, lo que aumentó el costo de los procesos electorales.

La desconfianza propicia el desconocimiento de los resultados electorales y el triunfo del adversario bajo la acusación de fraude. Esa desconfianza contamina a los votantes que al descalificar a partidos y candidatos optan por no acudir a las urnas el día de la elección o por anular su voto.

Si la aún incipiente democracia mexicana no avanza ni se consolida es por la desconfianza que hay y que en tiempos electorales se quiere suplir  artificialmente con pactos o acuerdos.

En el documento firmado en el Estado de México los dirigentes de Morena, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza exponen que México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral sólidos, legítimos y reconocidos por políticos y ciudadanos como garante de procesos democráticos, libres, justos y competitivos, sin embargo existen amenazas al sistema democrático. La más palpable es la violencia, que  ensombrece los comicios, además de la violación de derechos humanos, la corrupción y la discriminación, el uso indebido de recursos públicos y el financiamiento ilícito, amenazas a las instituciones y prácticas como compra y coacción del voto, velada o directa. Estos delitos electorales afectan la legitimidad de las personas electas y la confianza de la ciudadanía.

Ante ello acordaron respetar la ley electoral, los procesos y procedimientos que en ella se establecen; apegar sus conductas a los principios democráticos; contribuir a la celebración de un proceso electoral profesional, imparcial y transparente, y canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales.

Sin embargo, el día 24 en el Instituto Electoral de la entidad los representantes partidistas se enfrentaron con acusaciones mutuas de corrupción.

El presidente INE, Lorenzo Córdova calificó de preocupante la polarización e intolerancia que existe en la discusión pública sobre los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, que son la antesala de las elecciones más grandes de la historia que habrán en 2024.