Si el INE comete los fraudes ¿la elección de 2018 fue un fraude?
Rafael Cienfuegos Calderón
Si se dan por ciertas la afirmaciones del padre de la Cuarta Transformación de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es enemigo de la democracia y que los once consejeros –incluido su Presidente- y sus empleados son los responsables de los fraudes que se han cometido por permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas, la compra de votos, el robo de paquetes, y el registro de candidatos que no cumplían los requisitos, es un hecho que en 2018 su triunfo en las urnas por la presidencia de la República fue resultado de fraude electoral.
Un fraude del que no se cuestionó el resultado ni se pidió la anulación ni se culpó a las actuales autoridades del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cometerlo y/o solaparlo.
El candidato de oposición se declaró triunfador y dio por validos los resultados de esa elección que incluyó a diputados y senadores para renovar el Congreso de la Unión, a nuevos gobernadores y presidencias municipales, y a diputados locales.
¿Por qué? ¿Porque su movimiento-partido Morena fue el más favorecido con el voto del “pueblo” sabio que no se equivoca? ¿Porque consiguió lo que venía buscando desde 12 años atrás, ser Presidente? O ¿porque valoró que el INE cumplió con la encomienda constitucional de organizar una elección equitativa, transparente, limpia y confiable?
Empero, sin embargo, el presidente del cambio acusa y denuncia hoy que son el INE y sus consejeros los que ponen en riesgo las elecciones del 2024 y no las reformas electorales que quiere imponer con el mayoriteo de votos de Morena y partidos anexos del Trabajo y Verde.
Ha de pensar que al hacer cambios a las leyes de Comunicación Social, de Partidos Políticos, de Responsabilidades Públicas, de Medios de Impugnación, del Poder Judicial de la Federación y de Instituciones y Procedimientos Electorales va a facilitar el triunfo de la corcholata que elija para sucederlo y de los candidatos de su partido a los cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año, pero pasa por alto que al disminuir la estructura operativa del INE se reduce la posibilidad de que la organización de los comicios sea adecuada.
Además de presidente de la República en 2024 los alrededor de 94 millones de votantes elegirán a 128 senadores, 500 diputados federales, nueve gobernadores, gobierno de la Ciudad de México, 16 alcaldes y 240 concejales, 30 congresos locales, mil 784 presidentes municipales, mil 929 sindicaturas y 14 mil 138 regidurías de 29 estados.
A pesar del reto que ello implica, lejos de fortalecer a la autoridad electoral se le pretende desmantelar y no se valora que en los últimos 9 años, desde que nació el INE a la fecha, ha organizado 330 elecciones que han dado paso a la alternancia política, a la existencia de gobiernos divididos, o a procesos muy competidos en los que es difícil anticipar quién va a ganar.
Los cambios a ley de Instituciones y Procedimientos Electorales suprimen las 300 Juntas Ejecutivas distritales y reduce en 40% las 32 Juntas Ejecutivas locales que actualmente integran al INE, y su entrada en vigor implicaría el despido de 84% de los 2 mil 571 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Parece ser que después de tantos años de bregar en la política como luchador social de la llamada izquierda, el presidente del cambio desconoce la estructura y operación del INE y por eso lo quiere transformar con reformas electorales que presagian el retorno de conflictos postelectorales como el de 1988, cuando el hoy funcionario del gobierno del cambio, Manuel Bartlett, fue el mapache electoral que consumo el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas.
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