ATISBOS

¿Percibirán legisladores oficiales el impacto del Plan B?

Rafael Cienfuegos Calderón

Son tan complejos los cambios a la legislación electoral que contempla el llamado Plan B con el que el presidente promotor de la transformación atenta contra la democracia, por su extensión y contenido, que los legisladores del partido en el poder y aliados están obligados a reflexionar sobre la conveniencia de aprobarlos o no, pues serían irresponsables si los hacen al vapor en la Cámara de Senadores por complacer al principal promotor de la misma sin valorar las consecuencias.

El objetivo es claro. Anteponer el interés particular de quien gobierna, de dar continuidad al proyecto político que encabeza con el triunfo en las urnas de la corcholata que elija para sucederlo el próximo año, lo que sería más fácil si se tiene el control de las elecciones.

La reflexión de los legisladores es obligada porque como representantes de los mexicanos tienen la obligación de responder a los intereses de la mayoría y defender sus derechos, en este caso los político-electorales, y no a los de quien ostenta el cargo de presidente de la República.

Además, hay duda de que entiendan y tengan conocimiento pleno de las 262 modificaciones que se pretenden hacer con el Plan B electoral, de los  59 nuevos artículos que incluye y de la derogación de 66 artículos de las leyes General de Instituciones y Procedimiento Electorales, General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice en un estudio el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores contiene.

Es conocido que la mayoría legislativa oficial es proclive a aprobar reformas a la Constitución, leyes secundarias y decretos al vapor, sin discusión, sin consenso y sin quitarles una coma, tal como las envía al Congreso de la Unión el jefe del Poder Ejecutivo.

Pero en el caso de las reformas político-electorales, es mucho lo que está en juego.

La democracia, principalmente, el debilitamiento de la estructura operativa del Instituto Federal Electoral (INE) y, por ende, la organización de las elecciones con el número necesario de casillas a instalarse en todo el país y de ciudadanos capacitados fungiendo como funcionarios, el conteo de los votos, el llenado de actas, y la emisión de resultados preliminares y los finales.

En suma, la confiabilidad, equidad y certeza de la elección presidencial, de diputados y senadores, de gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y alcaldes, presidentes municipales, regidores y síndicos, y legisladores locales que estarán en juego el 2024, que será la contienda más grande de la historia.

Si lo anterior no hace reflexionar a los legisladores oficialistas de Morena-Verde-PT para que valoren la necesidad de no aprobar el Plan B de la reforma electoral y esperar a que haya consenso político de partidos y ciudadanos, y por el contrario se alinean al dictado del jefe del gobierno y padre de la transformación, la democracia quedará tocada de muerte y la apatía de los votantes podría hacerse presente en la celebración de elecciones en las que el abstencionismo  sea el gran ganador.

Contra este deseo, que parece ser comparten la mayoría de votantes sin partido, hay indicios de que se impondrá el interés del Presidente y la inconstitucionalidad o no de los cambios tendrá que resolverla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a las controversias y amparos que se presenten.

La cerrazón al diálogo y a acuerdos, a  escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de juristas, de consejeros del INE y de organizaciones sociales ha sido, es y seguirá siendo, el sello del Presidente, que, de imponerse, pasará a la historia como el más antidemocrático.