La marcha ciudadana del domingo 26 en defensa de la democracia y rechazo a la reforma político-electoral del gobierno de la transformación tendrá como incentivo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la implementación de los cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que en diciembre aprobaron por mayoriteo Morena y partidos satélite en la Cámara de Diputados como parte del Plan B.
De esta forma los asistentes a las marchas (parte de los 26 millones de electores que no votaron en 2018 por el presidente que aspira implementar la Cuarta Transformación) convocadas por 30 organizaciones civiles en 70 ciudades del país, celebrarán que la primera parte del Plan B de reforma electoral no aplicará en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
Y como es de esperarse la manifestación pública en contra de la embestida para tomar el control de los comicios a partir de 2024 con el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y con que los cuatro nuevos consejeros electorales a elegirse sean afines a su proyecto político, calará hondo en el ánimo presidencial, que en la víspera está cargado de descalificaciones a organizadores y participantes.
El hecho de que un día sí y otro también se refiera a la marcha que en la Ciudad de México partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, pone al descubierto la preocupación que le causa, pues los que participen no serán de sus huestes de simpatizantes ni gente del “pueblo” beneficiario del reparto de dinero en efectivo a través de los programas sociales.
Sabe que serán, en cambio, los aspiracionistas de clase media que no lo apoyan, los mexicanos a los que no gobierna ni convence, y los miles de decepcionados a los que llama conservadores y afirma son sus enemigos y enemigos del pueblo, del cambio y de la transformación.
Y porque presiente lo que viene, el pasado día 20 expuso en la mañanera que la marcha del domingo 26 de febrero en defensa del INE sólo busca mantener los privilegios de quienes en el pasado abusaron del poder y saquearon a México. Es una manifestación no de ciudadanos, sino del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos, ellos son los que se van a manifestar. Están en su derecho, “afortunadamente el pueblo de México está apoyando».
Consideró que los conservadores se están agrupando de cara al 2024, buscan cualquier motivo para confrontarse con su gobierno; no se trata de una marcha ciudadana sino de potentados. Sin embargo, la transformación de México seguirá adelante.
Afirmó que es mentira que el llamado plan B en materia electoral dañe el funcionamiento del INE, pues solo reduce gastos excesivos y cuida que no se cometan fraudes electorales.
En respuesta a la marcha del 26 convocada por organizaciones ciudadanas con registro, el presidente del gobierno transformador convocó al “pueblo” a un mitin en el Zócalo el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, con el pretexto de defender la soberanía nacional.
Esa estrategia política es similar a la que aplicó el 27 de noviembre de 2022, con una marcha, para contrarrestar el impacto de la que 14 días antes realizaron miles de ciudadanos en defensa del INE. La de él, afirmó, “fue con gente del pueblo”, la de los otros, “fue con enemigos del pueblo”.
“Las personas que estén de acuerdo con la corrupción en el gobierno y con las injusticias, deben marchar el domingo al Zócalo) (Andrés Manuel López Obrador, 02-21-2023).
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