Las mujeres, que en el Padrón Electoral suman 49 millones 235 mil 587 del total del listado nominal de 94 millones 715 mil 425, al cierre del 3 de marzo (Instituto Nacional Electoral), podrían convertirse con su voto en las decisorias del resultado de la elección presidencial de 2024.
Hoy son mayoría en la población total al representar el 52% y electoralmente lo son por arriba de los 45 millones 479 mil 838 hombres, lo que les da la posibilidad de definir el triunfo de la o el candidato con base en lo que ofrezcan para mejorar su condición de mujeres, pero son también el sector social más agredido por la violencia de género.
En los últimos años han ganado espacios en la vida pública y económica. Hay más diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas municipales, más egresadas universitarias, académicas e investigadoras y más empresarias, empero ¿qué tanto ha beneficiado eso a la gran mayoría? A las que reciben salarios castigados, a las que padecen acoso sexual, violencia intrafamiliar y sexual, a las desplazadas por la inseguridad, a las víctimas de trata y a las asesinadas con saña.
La inaplicación de las leyes para proteger a la mujer de la violencia, la existente impunidad y la falta de capacitación de los impartidores de justicia en materia de género, además del ancestral machismo y la misoginia, constituyen un muro que imposibilita su acceso a la igualdad, a una vida digna y a no ser discriminadas.
Y el poder del voto de las mujeres, del que seguramente tienen conocimiento los aspirantes presidenciales y del que estarán muy pendientes para aprovecharlo, bien puede derivar en compromisos serios y pactados que vayan más allá de las palabras y promesas para que se conviertan en acciones de políticas públicas que las favorezcan.
En la elección del 24 hay la posibilidad de que una mujer ocupe la presidencia de la República, empero, ello no implica que sea feminista ni defensora de los derechos de la mujer ni que en automático cambie y mejore la realidad que viven las féminas, no hay garantías.
Aun así, sería una buena oportunidad para pedir o hasta exigir, que en la agenda del próximo gobierno, sin importar el género, se incluya como prioridad el combate a la impunidad y la capacitación de los impartidores de justicia en cada uno de los ministerios públicos del país y en las procuradurías de los estados.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizaron en México varias marchas con consignas que iban de un alto a los feminicidios y a la impunidad que protege a los agresores de mujeres, a la exigencia de que se apliquen las diversas leyes promulgadas porque hoy parecen ser letra muerta ante la inacción de las autoridades.
Ayer 8 de marzo las mujeres ejercieron su derecho a manifestarse libre y públicamente y el 2 de junio de 2024 al ejercer su derecho al voto libre y directo, tendrán la oportunidad de elegir a la o el candidato que se comprometa con la agenda feminista, que en el actual gobierno de la transformación es ignorada.
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