ATISBOS

La seguridad pública será civil no militar

Rafael Cienfuegos Calderón

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo valer la separación de poderes al resolver con absoluta independencia y estricto apego a la ley la inconstitucionalidad del traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La seguridad pública, por tanto, estará a cargo de una corporación y mando civiles.

En su argumentación para desechar la modificación a las leyes secundarias de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, precisó que el mandato del artículo 21 constitucional señala en el párrafo décimo que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Y el ministro Javier Laynez Potizek fue contundente: la transferencia de facultades de la Guardia Nacional a la Sedena fue una readscripción y es “técnicamente un fraude a la Constitución”. El control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que creó fue una subordinación de la corporación a la jerarquía militar.

Por la mañana del martes 18, horas antes del veredicto de ocho ministros que invalida el marco normativo que desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, el presidente del cambio insistió en que no se declaré inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa porque si no depende de ésta, va a seguir como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública de (Genaro) García Luna o de (Miguel Ángel Osorio) Chong, secretario de Gobernación, “pues miren como terminó la Policía Federal, completamente corrupta”.

Sobre esos dichos llama la atención que el Presidente insista en los ejemplos del pasado para hacer vaticinios porque lo que evidencia es que no confía ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de su gobierno ni en su titular, Rosa Icela Rodríguez ni en su lucha contra la corrupción y cree que la Guardia Nacional se va a pudrir por estar bajo el mando de una autoridad civil.

Y contra la Suprema Corte y los magistrados, salvo sus leales Loretta Ortíz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar, era de esperarse una andanada de insultos, descalificaciones y acusaciones desde el púlpito de Palacio Nacional,  pues el Presidente es predecible. “Los ministros actuaron de manera facciosa”, dijo, respaldando el régimen de corrupción que imperaba antes. No con criterio jurídico, sino político, defendiendo las prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación.

El problema del presidente inventor de la Cuarta Transformación es que no entiende la separación de poderes del Estado. No entiende que el poder Ejecutivo tiene el mismo peso que el Poder Legislativo y el Poder Judicial y que ninguno puede estar por encima del otro, aunque él rompió esta regla constitucional al cooptar a la mayoría de diputados y senadores.

Tampoco entiende que la Suprema Corte y sus integrantes están para aplicar y hacer cumplir las leyes emanadas de la Constitución y no para satisfacer los caprichos del gobernante en turno o para responder a sus intereses político. En ese sentido, si  como institución gozaba de la mayor aceptación y confianza de la ciudadanía (61%, encuesta del Financiero de marzo) arriba de la Presidencia de la República, al resolver con independencia y apego a la ley el asunto de la Guardia Nacional es de esperarse un repunte.