ATISBOS

Migrantes: crimen de la Cuarta Transformación

Rafael Cienfuegos Calderón

El gobierno se comprometió con Estados Unidos a frenar el flujo de migrantes centroamericanos y del Caribe sin tener una institución preparada y responsable, instalaciones suficientes y equipadas, y condiciones económicas, de salud y de seguridad para acogerlos, protegerlos y garantizarles los derechos que privilegian la Constitución y los tratados internacionales, situación que explica el desorden y la incapacidad para regular su estancia en México.

El presidente transformador podrá decir misa desde el púlpito de la mañanera y buscar culpables fuera del gobierno pero la tragedia en que fallecieron migrantes hacinados en un centro de detención, que no albergue, en Chihuahua, exhibe el fracaso de la política migratoria.

También es evidencia de que, innegablemente, es un “crimen de gobierno”, el de la Cuarta Transformación, dado que ocurrió en instalaciones del Instituto Nacional de Migración que depende de la Secretaría de Gobernación.

A partir de lo ocurrido en Ciudad Juárez el 27 de marzo, el Presidente no puede vanagloriarse de que en su gobierno no se cometen ese tipo de actos, de los que aunque se llegara a procesar al director de migración, Francisco Garduño, el gobierno del cambio no se libra de la responsabilidad porque se trata de un funcionario público que depende del Ejecutivo federal.

Y aunque afirmó que no habrá impunidad  para nadie que resulte culpable en la “investigación” de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, subordinado a los intereses de la 4T, las posibilidades de que se llegue al fondo son limitadas, pues Garduño es muy cercano al padre de la 4T y por eso sigue al frente del organismo de migración como si no hubiera pasado nada.

La política migratoria, fallida, está caracterizada por la negligencia, la indolencia y la irresponsabilidad de los encargados de implementarla, desde los mandos de toma de decisiones hasta los empleados de las estancias-centros de detención.

Los secretarios de Estado encargados de aplicar medidas de protección, atención y seguridad a los desplazados, Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, de Gobernación, se deslindan a pesar de que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación informó que en las instalaciones de migración hay hacinamiento, posible desvió de recursos, personal mal capacitado e insuficiente seguridad.

Al comprometerse con los estadunidenses a implantar el programa Quédate en México, por el cual Ebrard aceptó recibir a cientos de miles de solicitantes de asilo, sin contar con la anuencia de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores contribuyó a crear la peor crisis humanitaria en nuestro país. Según la ley, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son las encargadas de ejecutar la política migratoria, que cambió para complacer a Donald Trump al pasar de una visión humanitaria a otra militarista con el despliegue de 30 mil elementos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur (Agustín Gutiérrez Canek, Embajador de México en retiro, Milenio, 13.04.2023).

En un recorrido Milenio encontró que de Tapachula, Chiapas a Hermosillo, Sonora; lo mismo Acayucan, Veracruz que Ciudad Juárez, Chihuahua, el común denominador de las estancias para alojamiento temporal a cargo del Instituto de Migración es que están en la opacidad y en condiciones indignas (13-04-2023).