No sorprende, pero es irracional. El jefe del Poder Ejecutivo que sistemáticamente violenta la Constitución con actos de gobierno, decretos y reformas que sobrepasan la ley acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus ministros de violar la Carta Magna por echar abajo parte del Plan B de su reforma político-electoral siendo que lo que hacen es observar que se cumpla lo que mandata.
Eso tendría que ser antes del 30 de septiembre, fecha en que se va. Una es para cambiar la estructura del Poder Judicial y otra para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean votados por el “pueblo”, lo que sería como elegir simples levanta manos que por consigna aprueban leyes.
El presidente del cambio parece estar seguro de que como efecto de su popularidad, más que por buen desempeño de gobierno, los candidatos de su movimiento-partido ganarán en cascada las elecciones del próximo año y que al tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión podrán modificar la Constitución sin impedimento de la oposición.
Empero, como lo planteó ATISBOS, el Presidente mantendrá en sus manos el control del gobierno y de la agenda política hasta el último minuto del último día de su mandato, y dejará al nuevo legislativo las tareas específicas del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cambios en materia político-electoral, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la reestructura del Poder Judicial y la elección por voto popular de los 11 ministros de la Corte.
La aversión, hostilidad y oposición del inquilino de Palacio Nacional hacia la Corte y particularmente contra la ministra presidenta Norma Piña es abierta. Obedece a que no se alinean con el proyecto de cambio y transformación que ideó para el país y que quiere imponer a la población, esté o no de acuerdo.
La campaña de desprestigio emprendida desde la tribuna presidencial que incluye insultos, difamaciones y amenazas la asumen como propia hordas morenistas que apostadas ante el edificio de la Corte en la Ciudad de México piden la renuncia de los ministros en actos de odio.
Y con su propuesta transformadora de que los ministros sean electos por el “pueblo” el presidente quiere volver al pasado, al texto constitucional de 1857. Argumenta que los expresidentes Salinas y Zedillo entregaron el Poder Judicial al PAN con abogados al servicio del bloque conservador, pandilla de rufianes que impide que el país vaya más rápido hacia la prosperidad.
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