ATISBOS

Con la 4T los ricos son más ricos y los pobres más pobres

Rafael Cienfuegos Calderón

En el primer sexenio de la “supuesta” Cuarta Transformación que concluye en septiembre de 2024, la política social para el Bienestar de reparto de dinero al “pueblo” no ha logrado que la distribución de la riqueza sea equitativa ni que el ingreso económico de los hogares mejore significativamente ni mucho menos sacar de la pobreza a millones o aminorar la desigualdad social.

Por ejemplo, con la universalización de la Pensión de las Personas Adultos Mayores se excluyó en automático a personas de precarios ingresos que sí necesitan del subsidio gubernamental de cuatro mil 800 pesos bimestrales para sobrevivir por no cumplir el requisito de 65 años de edad y se incorporó a miembros de las clases media y alta de mayores ingresos por el solo hecho de tener la edad.

Hasta 2016 el 68% de los hogares más pobres eran beneficiados con las transferencias económicas del gobierno porque los programas sociales estaban focalizados en la población más necesitada, vulnerable y con pocas posibilidades de desarrollo, pero el número se redujo a 49% para 2022.

En lo que va del sexenio aumentó la cobertura y los recursos totales destinados a los programas sociales, pero el “aumento fue claramente regresivo”, benefició más a los hogares menos pobres; al menos seis de cada diez personas en el país siguen sin recibir algún tipo de programa social de transferencia monetaria;  y  entre 2021 y 2023 la Pensión de Adultos Mayores aumentó casi 200,000 millones de pesos en tanto que el resto de los programas 18,000 millones (Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, “Corte de caja: la política social de la 4T, Nexos, 27-07-2023).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los más beneficiados con los programas sociales son los hogares con mayores ingresos.

En el análisis de los resultados de la encuesta el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) resalta que  entre 2018 y 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos al pasar de 6% a 20%; que los estados más pobres del país reciben menos programas sociales con una caída en 2022 de 8% en la cobertura en Chiapas, 3% en Oaxaca y 2% en Guerrero, respecto a 2018, mientras que en las que tienen más ingresos aumento la cobertura, como Yucatán que creció 16%, Ciudad de México 15%, Nuevo León 13% y Estado de México 11%.

En los hogares en los que aumentó el ingreso económico hay alguno de sus miembros que es trabajador formal y si reciben hoy más dinero que antes es por el incremento sostenido del salario y no por los programas sociales. Pero eso no ocurre con los trabajadores informales, los subempleados y desempleados que tienen los ingresos más bajos ingresos o carecen de ellos. En México hay 12.3 millones de personas del “pueblo” que se encuentran en «pobreza laboral», cuyos ingresos no les alcanzan para alimentar a su familia.

Y por lo que hace a los programas sociales para el Bienestar, por no estar focalizados,  provocan desigualdad social y no contribuyen a aminorar la pobreza y pobreza extrema. Eso a pesar de que en 2023 el gobierno del cambio y la transformación les destinará 598 mil 8 millones de pesos, de los que 339 mil 341 millones corresponden a la Pensión de las Personas Adultas Mayores cuyos beneficiarios ascienden al 29 de marzo a 11 millones 239 mil, de una población de 15.1 millones de personas de 60 años y más.