ATISBOS

Violencia política y elecciones del 2024

Rafael Cienfuegos Calderón

Actualmente la violencia política que se presenta durante los procesos electorales en varias regiones del país está dirigida hacia aspirantes de todos los partidos en campaña por un cargo de elección popular y  autoridades públicas de todos los órdenes de gobierno. Las muertes violentas van en aumento desde 2012 y como parece ser no hay forma de detenerlas, es una preocupación para el 2024.

Hay versiones de que la violencia política que se vive es producto de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada por el control territorial y del poder público, de la economía, rutas y mercados, que los llevó a buscar de manera directa incursionar en las contiendas político-electorales.

La consultoría Integralia hizo hincapié en la intervención de la delincuencia organizada en la afectación del proceso  electoral  2020­2021 con acciones  tales como  interferir  a través de actos de violencia política,  financiamiento de campañas,  injerencia en procesos  de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.

El exsenador Ricardo Monreal y aspirante perdedor a la candidatura de Morena a la presidencia diseccionó en un artículo (Milenio, 12-09-2023) el problema de la violencia política e incluyó lo que dijo ante consejeras y consejeros de su partido:

“No puedo dejar de mencionar al elefante en la sala; al enemigo público número uno de nuestra seguridad y nuestra democracia, que habrá de acechar no solo a Morena, sino a todos los actores políticos que concurrirán a la elección más grande de nuestra historia: la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral y su actuar violento”.

Por lo anterior pidió: “Cuidemos el perfil de nuestros candidatos, su seguridad, sus financiamientos, sus campañas. Cero tolerancia a la menor injerencia de este cisne negro en el proceso electoral”.

Sin duda su temor tiene fundamento en los datos que publicó: Mientras que las elecciones previas a 2012 registraron asesinatos de candidatos de manera aislada (dos en 2009, tres en 2010, ocho en 2011 y cinco en 2012), a partir de 2015 la cifra se elevó a 12 candidatos y autoridades victimados, para cuatriplicarse a 48 en 2018 (Hernández, 2020) y alcanzar el récord de 139 víctimas mortales en el proceso electoral de 2021 (61 personas políticas y 78 funcionarios de gobierno, según el índice de violencia política de Etellekt Consultores).

Y la preocupación por la violencia en las elecciones de México generó llamados  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y la Organización de los Estados Americanos ( OEA) para que las autoridades del gobierno garanticen  un periodo  postelectoral pacífico, y que investiguen los crímenes  y las violaciones  de derechos humanos que tuvieron  lugar en el periodo  previo a la votación  y el día de las elecciones.

En el recuento de los hechos violentos ocurridos en la recién pasada elección figuran  homicidios, secuestros y amenazas como parte de las 782 agresiones que se perpetraron contra políticos y candidatos.

Reportes periodísticos destacan que con 90 asesinatos y 693 agresiones contra político y candidatos, el proceso electoral de 2021 es el más violento de los últimos 20 años, a pesar de que el gobierno del presidente de la transformación implementó un protocolo para blindar de amenazas del “crimen organizado” y de “cuello blanco” a los candidatos.

Expone Monreal que el asesinato de dirigentes e integrantes de movimientos de izquierda que actuaban en el ámbito sindical, rural y estudiantil corría a cargo de grupos oficiales de seguridad de manera selectiva, y que a partir de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, los grupos del crimen organizado son quienes de manera generalizada lo cometen en tiempos de elecciones o no pero contra candidatos, políticos y servidores públicos.