La tenacidad -¿terquedad, obcecación, intransigencia?- es la mayor cualidad personal que distingue al presidente inventor de la supuesta Cuarta Transformación, y de ello no solo da cuenta su historial como político de la llamada izquierda mexicana sino su “estilo” de gobernar.
Dos ocasiones perdió la elección para ocupar el mayor cargo político que hay (2006 y 2012 ante Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI) pero no se dio por vencido. Perseveró y en 2018 ganó contundentemente con más de 31 millones de votos. Y en este año, el último de su gobierno, con esa persistencia, va de nueva cuenta por reformas a la Constitución en materia judicial y electoral.
Y como para asegurar esas dos reformas que le son necesarias a su proyecto político requiere mayoría calificada en el Congreso de la Unión -334 votos de 500 diputados y 86 de 128 senadores-, echará mano de una estrategia político-electorera que incluye cambios a las leyes social y de ingresos que permitan sumar votos y ganar la presidencia con Claudia Sheinbaum –su clon y fiel e incondicional alumna- y el Poder Legislativo.
Se trata de hacer modificaciones en materia de bienestar con la asignación de más presupuesto gubernamental para las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, e incrementar los salarios y jubilaciones con cargo al sector privado.
Las iniciativas de reforma las presentará el presidente del cambio el 5 de febrero, Día de la Constitución, un mes previo al inicio de las campañas electorales, a pesar de que ello implique violar la Ley Electoral por tratarse de actos de promoción del gobierno.
Y aunque ello predice un encontronazo del jefe político del partido oficial en el poder –Morena- con la oposición, el resultado es predecible que será a su favor ya que ¿quién de entre el “pueblo” beneficiario del reparto de dinero a través de los programas sociales votará en contra de un aumento al subsidio social, el salario y la jubilación?
El presidente en turno anunció (12-01-2424), a menos de cinco meses de las elecciones de junio, que intentará cerrar su gobierno con un paquete de reformas constitucionales que requieren mayoría calificada en el Congreso, que podría lograr si el “pueblo” vota en bloque por Morena y aliados para tener carro completo: presidencia, gubernaturas, escaños legislativos federales y locales, alcaldías y presidencias municipales, regidurías y demás.
La nueva legislatura electa asumirá sus funciones en septiembre y el Presidente presionaría para que sus iniciativas sean aprobadas “al vapor” y “sin quitarles una coma” en ese periodo de sesiones, antes de que concluya su mandato el 31 de octubre, con lo que lograría su objetivo.
El mandatario quiere reformar al Poder Judicial para elegir por voto directo a ministros, magistrados y jueces en las urnas, al Instituto Nacional Electoral (INE) para cambiar su actual estructura, y para desaparecer a los legisladores plurinominales.
Esas iniciativas junto con las de dar más dinero a las pensiones del Bienestar, y aumentar el salario mínimo y las jubilaciones serán el soporte de la campaña política que encabezará el presidente pro-democracia para promover el voto a favor de los candidatos oficiales.
Sin duda, la mayoría calificada en el Congreso Legislativo sería la mayor herencia del padre de la transformación para su sucesora.
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