Atenta ombudsman contra derechos humanos
Rafael Cienfuegos Calderón
La incondicional servidora de la Cuarta Transformación, Rosario Piedra Ibarra, puso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en “charola de plata” para despertar el apetito “exterminador” del presidente del “pueblo” y que la incluya en la lista de organismos autónomos que quiere eliminar con una iniciativa de reformas a la Constitución.
Con ello -según ella- se dejará atrás el esquema que impuso el neoliberalismo y se crearía otra institución que realmente le sirva y defienda al pueblo.
Hasta ahora en la intención de quitarse de encima a las instituciones que le son incomodas, pues no le gusta que acoten sus decisiones, acciones y formas de gobernar, el morador de Palacio Nacional no ha insinuado querer desaparecer a la CNDH. En la mañanera del día 19 aclaró que su propuesta incluye solo a los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
Pero ¿a quién dan pan que llore? Máxime cuando le sirven la mesa.
La iniciativa de reforma que Rosario Piedra -la “impuesta” ombudsman a la que Carlos Marín (Milenio, 26-01-2024) acusa de haber chatarrizado a la Comisión, Nacional de Derechos Humanos- busca reformar el apartado b del artículo 120 constitucional y su Ley para suplirla por la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo que estaría alineada a los propósitos políticos del padre de la transformación.
Si eso llega a ocurrir la institución dejaría de defender los derechos de “todas las personas” que radican en México o estén en tránsito, sin importar su nacionalidad, estrato social o económico, de los agravios a su dignidad cometidos por servidores públicos. Ese es el riesgo.
La duda que flota en el aire es si el líder del cambio le tomará la palabra a la actual ombudsman antes del 5 de febrero, día en que presentará un paquete de reformas a la Constitución.
Pero Rosario Ibarra Piedra recibió recriminaciones de legisladores de oposición no solo por su atentatoria propuesta contra los derechos humanos sino por el papel que ha jugado desde que ocupa el cargo de presidenta en favor de la 4T.
Fue acusada de incumplir su principal deber: “poner límites al poder”.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, le reclamó que la institución evadió y no hizo recomendaciones contra abusos de autoridad en migración, desaparición de personas, agresiones contra periodistas, la homofobia y la desigualdad educativa.
Fue cuestionada por no actuar como defensora de los derechos humanos contra los discursos que promueven la división y el odio desde la tribuna de la Presidencia de la República.
Le dijeron que el cargo “le quedó grande”.
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