ATISBOS

Elecciones y crimen organizado

Rafael Cienfuegos Calderón

Las máximas autoridades electorales del país -el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- hicieron señalamientos preocupantes sobre el riesgo de que el proceso político en curso y las elecciones de junio se perturben y la seguridad de candidatos y votantes sea vulnerada por la injerencia de grupos del crimen organizado y el narcotráfico.

El INE -en voz de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei- reconoció la posibilidad de que casillas no se instalen en puntos del país donde el crimen organizado ejerce violencia -entrevista Ciro Gómez Leyna, Grupo Formula, 01-23-2024-, no solo por cuestiones de seguridad, sino ante la oposición de pobladores en protesta por falta de infraestructura.

“Ese es un tema que nunca ha soslayado el Instituto”. No lo oculta, no lo minimiza. Y como responsable de organizar las elecciones la ley le otorga la posibilidad de acordar con las instancias de seguridad del país todo lo necesario (¿?) para el acompañamiento, durante y el día de la jornada electoral.

¿Cómo podría ignorarse que la presencia del crimen organizado es un  hecho que está presente como lo estuvo en las elecciones de 2021, cuando igual que ahora hay políticos y aspirantes a cargos de elección popular que fueron asesinados?

La duda es si será suficiente la protección que autoridades de seguridad y el INE acordaron dar a los candidatos pues son más de 20 mil cargos -presidencia, nueve gubernaturas, 628 diputados y senadores, legisladores locales, presidentes municipales y alcaldes, regidores y síndicos- y los grupos criminales tienen diversificados sus campos de operación, coacción y represión.

El Universal organizó un foro en el que Mónica Soto -presidenta-, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, magistrados del  (TFPJF), reconocieron que la influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales es un problema que debe reconocerse y atenderse antes de que, en 10 o 20 años, grupos criminales puedan tomar control de un cargo como la Presidencia de la República.

La intromisión de grupos delictivos en la imposición o retiro de candidatos está documentada a nivel municipal. Si algún o alguna aspirante no son los adecuados –convenientes- para el cargo, los remueven.

Esa “remoción” usualmente es la eliminación física.