La pugna por el control del Poder Judicial
Rafael Cienfuegos Calderón
El Poder Judicial está vigente como uno de los Tres Poderes de la Unión, aunque el Ejecutivo y el Legislativo trabajan para desmantelarlo y anular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo político que persiguen es controlarlo una vez que el “pueblo” elija a sus nuevos integrantes.
Aunque renieguen, la Corte -como Máximo Tribunal Constitucional- tiene la facultad de interpretar la Constitución, hacer que sus mandatos se cumplan y determinar si una reforma, como la judicial, es constitucional o inconstitucional.
Y mientras no se elija a ministros, magistrados y jueces, como lo aprobaron al vapor los recién iniciados diputados y senadores del oficialismo, las funciones del Poder Judicial estarán vigentes y las sentencias de la Corte tendrán validez.
Es por esto que la Suprema Corte decidió en votación de ocho votos a favor de sus ministros por tres en contra, dar entrada a las consultas para analizar las impugnaciones que se han presentado contra los cambios legales en materia judicial.
La respuesta -sin causar sorpresa- desató ácidos cuestionamientos y ataques de la presidenta de la República, los coordinadores de diputados y senadores del partido oficial y de dos ministras proclives a la Cuarta Transformación.
Es una actitud provocadora, “un golpe aguado, más que de Estado” (Claudia Sheinbaum); “es una barbaridad jurídica” (Ricardo Monreal); Corte “donosaurica”, está al servicio de los conservadores (Adán Augusto López Hernández); es un “golpe de Estado” (Yazmín Esquivel); la Corte no es “independiente ni imparcial” (Lenia Batres).
El ministro Luis González Alcántara Carrancá, encargado del proyecto avalado para analizar la legalidad de la reforma judicial, recordó que en 2014 siendo oposición Monreal, López Hernández y Ernestina Godoy –hoy Consejera Jurídica de la Presidencia- pidieron a la SCJN revisar la constitucionalidad de una reforma que según ellos era inconstitucional.
Pero ahora que son gobierno –vueltas del destino- alegan que la Corte no tiene atribuciones, la acusan de golpista y afirman que la reforma judicial es constitucional porque sus legisladores la aprobaron.
¿Hace 14 años la hubieran acusado de golpista?
También el Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las suspensiones provisionales de la elección de ministros, magistrados y jueces ordenadas por una jueza de Yucatán y un juez de Colima.
Lo preocupante es que se viven dos hechos inéditos en la historia jurídica de México que advierten sobre el riesgo de una crisis constitucional:
El implacable ataque del Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte, que quieren tener bajo control, y, que está en curso un proceso de revisión y validación de una reforma que ya es constitucional, por parte de la institución que precisamente resulta afectada.
Empero juristas y constitucionalistas aprecian que por las prisas de sacar adelante esa reforma –urgente, para el primer gobernante de la transformación-, se redactó mal, tiene contradicciones en su articulado y fue aprobada sin discusión con las fuerzas políticas de oposición.