Que una consulta ciudadana decida elección de juzgadores
Rafael Cienfuegos Calderón
Ricardo Monreal -político que hoy es diputado federal como premio de consolación tras no haber sido favorecido por el expresidente con la candidatura a la presidencia de la República- plantea realizar una consulta ciudadana como salida al conflicto derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial.
“Referéndum judicial» lo llamó (Milenio, 15-10-2024), que tiene visos de “plan con maña”.
Imagínense que la Presidenta, la mayoría legislativa pro gobierno y también la minoría opositora, así como los integrantes del Poder Judicial aceptan y se ponen de acuerdo para que la ciudadanía a través de una consulta decida quien tiene la razón en cuanto al diferendo por la elección de ministros, magistrados y jueces.
Que se pacte con el Instituto Nacional Electoral (INE) la organización, la fecha de realización e inicien los preparativos, se programe una campaña nacional de información y que unos y otros asuman el compromiso de respetar el resultado.
Ahora, con base en la realidad, cuestionémonos:
¿Quién tiene los mayores recursos económicos, humanos y políticos a su disposición para movilizar votantes y convencerlos de que la razón asiste al gobierno de la continuidad con cambio, a los legisladores del oficialismo y al partido en el poder sobre que la reforma al Poder Judicial es constitucional y, por tanto, es legal la elección de ministros, magistrados y jueces?
Por supuesto que el gobierno que preside Claudia Sheinbaum.
Ante el respaldo de 24 gobiernos estatales de la 4T y la disposición de un ejército de 28 mil servidores de la nación que actualizan los programas sociales de reparto de dinero, los integrantes del Poder Judicial (50 mil 999 en 2020) no podrían hacer nada.
Por eso, la propuesta de Monreal resulta ser un plan con maña en el que se “utilizaría” a los votantes para que respalden y validen lo que es un hecho irreversible.
Expuso Monreal:
Nuestra Constitución prevé que la Corte (árbitro máximo) resuelva los conflictos entre poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos, por invasión de competencias (controversia constitucional) o la invalidación de una norma jurídica que sea contraria al orden constitucional (acción de inconstitucionalidad), pero no contempla explícitamente el caso de que dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) sienten en el banquillo de los acusados al Poder Judicial por resistirse a su reforma interna. Es una controversia inédita.
De persistir la resistencia de personas juzgadoras al mandato popular de reformarse, quedaría como recurso el referéndum judicial; es decir, la consulta a la ciudadanía sobre a quién le asiste la razón jurídica y política: si a la mayoría calificada de legisladoras y legisladores federales y locales que aprobamos la iniciativa del Ejecutivo o a la mayoría de las y los jueces, magistrados y ministros que la resisten.
Si la reforma al Poder Judicial trae ya el bautizo de un gran plebiscito popular, no estaría de más reconfirmar su legitimidad y validez con un gran referéndum ciudadano.