Ciudadanos indefensos ante el “poder absoluto”
Rafael Cienfuegos Calderón
Los partidos Morena y parásitos del Trabajo y Verde aprovechan la supremacía legislativa para hacer lo que quieren con la Constitución, acomodarla a sus intereses políticos y dotar de “poder absoluto” a la presidenta de la continuidad con cambio.
Se aprestan a sacar antes del jueves 15 -al “ahí se va”- las reformas en materia de simplificación orgánica y desaparecer los organismos autónomos reguladores que prestan un servicio a la ciudadanía y son contrapeso del gobierno.
Quieren quitarle carga al Presupuesto de Egresos 2025 cuyo proyecto enviará ese día la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados para su revisión, adecuación y eventual aprobación.
El modus operandi para liquidar los órganos reguladores será por mayoriteo legislativo, al vapor, sin análisis ni discusión y tal como lo planteó el expresidente en las reformas legales que encargó a su sucesora.
Es el mismo que empleó para sacar adelante la reforma Judicial y la supremacía constitucional que empoderó al Poder Legislativo y debilitó al Poder Judicial al impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga ante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que ahora son improcedentes.
En la Cámara de Diputados retomaron (06-11-2024) el dictamen de reformas constitucionales a los organismos autónomos reguladores y entes desconcentrados que la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó desde agosto para votarlas y aprobarlas casi en automático por diputados, senadores y 17 congresos locales antes del día 15 y que al entrar en vigor impacte en el presupuesto.
A partir del año entrante el gobierno se hará cargo de la regulación. Será juez y parte en materia de transparencia y acceso a la información, competencia económica, telecomunicaciones, medición de la pobreza, energía e hidrocarburos y mejora educativa.
La ciudadanía y los sectores comercial y empresarial se quedaran sin recursos de defensa ante excesos de la autoridad federal porque serán ellas las que determinen la legalidad de sus actos. No habrá organismos que intercedan a su favor ni en su defensa.
Al no existir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sus funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública, cuyo nombre cambiará a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasará a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y de las tareas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se hará cargo la Secretaría de Energía.
Según el gobierno de la continuidad con cambio habrá un importante ahorro presupuestal y la corrupción será erradicada.
No obstante, los órganos autónomos no acaparan gran parte del presupuesto de egresos y en la administración pública federal es donde ocurre desvió de recursos económicos y manejo discrecional de estos.
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