SONDEO.- La vulnerabilidad e indefensión de la población ante el robo con violencia, las agresiones de narcotraficantes y el abuso de autoridad de Ejército y cuerpos policiales quedó de manifiesto en la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si bien la lucha que libra el Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado es cuestionable porque el Ejército viola derechos humanos y las policías federal y estatal incurren en abuso de autoridad; se maltrata a civiles y la violencia cobra cada día más vidas inocentes, hay quienes ven en la militarización una solución. De los encuestados 57.1% consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso (mayor) de las fuerzas armadas para mantener la seguridad, en tanto que 66.3 por ciento aseveró que un toque de queda ayudaría a reducir la inseguridad. Esta forma de pensar –razonada o no- preocupa porque parece que hay quienes estarían dispuestos a aceptar que se coarten las garantían individuales a cambio de una poco probable protección. Esperemos que sea por miedo y no por anhelo, que haya quienes visualizan ese escenario. La encuesta que se aplicó a dos mil 208 personas de 15 años y más en sus viviendas y tiene un nivel de confianza del 95%, reveló que hoy la violencia generalizada y la delincuencia organizada son el mayor temor y problema. Ocho de cada diez opinan que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad; uno de cada tres teme más al robo con violencia; a 27.2% preocupa ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez temen al abuso de las fuerzas de seguridad pública. Para 54.8% se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada en tanto que tres de cada diez afirmaron que no es posible. Otros indicadores reflejan que la situación general del país va a empeorar dentro de un año; la desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia es creciente por la corrupción, impunidad e intereses extra-legales que imperan. El 36.3% dijo que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con 21.9%. Seis de diez (55.8%) afirmaron que los derechos humanos se respetan poco o nada en México; siete de diez aprobarían la elaboración de una nueva Carta Magna, y para cinco de diez la actual Constitución ya no responde a las necesidades del país. En cuanto a confianza en actores políticos y sociales en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto con 7.1 puntos, seguidas por el Ejército y los maestros; partidos políticos, diputados y policía, ocuparon los últimos sitios. Seis de cada diez mexicanos opina que los gobernadores y presidentes municipales hacen “poco” caso al ciudadano, mientras que más de la mitad cree que jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del Presidente de la República y los legisladores, el porcentaje se reduce a menos del 50 por ciento. Y, usted ¿qué piensa de todo lo anterior?
PROTECCIÓN.- Evitar el tráfico de personas y el abuso sexual en centros turísticos es el objetivo del Código de Conducta Nacional para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el sector de los Viajes y Turismo que firmaron la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Margarita Zavala, la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, empresarios y representantes de la sociedad civil. No podemos permitir que se lleven a nuestras mujeres a nuestras niñas y a nuestros niños, los exploten y los esclavicen, expresó la esposa del Presidente de la República.
CUMPLIMIENTO.- El Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua de Coca-Cola México reabastece 27 de las principales cuencas hidráulicas en beneficio de 57.6 millones de personas, la mitad de la población total del país. Esto como resultado del trabajo conjunto de los sectores público, privado y sociedad civil, resaltó Brian Smith, presidente de Coca-Cola México. En 2007 se comprometieron a cubrir 25 mil hectáreas con 30 millones de árboles en cinco años, pero además de cumplirá la meta un año antes, se habrán restaurado siete mil hectáreas más para totalizar 32 mil hectáreas.
ANTIVIOLENCIA.- El Observatorio Zona Libre de Violencia en Instituciones de Educación Superior -creado a iniciativa del Instituto Politécnico Nacional- necesita “para que tenga una vida real y efectivamente cumpla con los objetivos propuestos” la participación urgente de universidades, institutos y tecnológicos del país; de lo contrario será un sitio muerto. La directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Diez, hizo, en consecuencia, un llamado a las instituciones de educación superior a impulsar acciones que sensibilicen a su población estudiantil, así como prácticas y estrategias que coadyuven a frenar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones en el ambiente académico.
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