POR: Rafael Cienfuegos Calderón
¿PARCIAL?- ¿Asistirá la razón al Presidente Enrique Peña Nieto al quejarse de la rigidez del marco legal que no permite a las autoridades del gobierno federal -que él encabeza- fijar postura sobre el proceso electoral? La duda surge ante el uso faccioso de la procuración de justicia que acusan diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran la coalición Por México al Frente, hace el PRI-Gobierno contra su candidato Ricardo Anaya para desprestigiarlo, debilitarlo políticamente y bajarlo del segundo lugar de las preferencias electorales y que José Antonio Meade suba. La Procuraduría General de la República cuya responsabilidad constitucional es investigar y perseguir los delitos del orden federal y ejercer sus atribuciones en respuesta a la satisfacción del interés social y el bien común, está dedicada a la caza del principal opositor político del PRI-Gobierno, aducen los frentistas. Hasta ahora y mientras no se transforme en Fiscalía General de la República, la PGR depende del Poder Ejecutivo Federal, el procurador es nombrado por el Presidente y éste como su empleado está obligado a cumplir órdenes. Si se trata de alterar la elección porque el PRI está en alto riesgo de perder la presidencia, pues eso se hace. Dijo Peña Nieto que no se quiere meter en la polémica, ni en el debate del proceso electoral ¿pero al montarse en una denuncia por supuesto lavado de dinero en la que se señala a Anaya -que la PGR y el Sistema de Administración Tributaria ya investigan-, no está interviniendo en la elección de quien lo habrá de sustituirá. En el Estado de México, durante la elección para gobernador que ganó Alfredo del Mazo -primo de Peña Nieto-, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota padeció guerra sucia y la acusación contra su familia por manejo de recursos de procedencia ilícita que llevó a la PGR a investigarla en plena campaña, la debilitó políticamente. Si el PRI-Gobierno replica esa fórmula para, como acusan PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sacar de la contienda electoral a Ricardo Anaya, el mayor desprestigio será para la Procuraduría General de la República al quedar estigmatizada como la dependencia caza opositores políticos. Por supuesto que Anaya tiene que responder a las acusaciones que se le imputan, pero por la forma en que actúa y lleva el proceso la PGR, da la percepción de que tras la investigación por supuesto lavado de dinero, hay persecución política y Anaya ya se asume víctima. A ver si no se les voltea el chirrión por el palito.
FRACASO.- Para el ex consejero del extinto IFE y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alfredo Figueroa Fernández, México no es un país democrático y el modelo de tránsito hacia esta forma de gobierno ha fracasado. En los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, en los que se trató el tema “Democracia y participación ciudadana”, consideró que será con un modelo de pluralidad política a partir de la alternancia, como se construirá la transición a la democracia. Un error que se cometió fue haber equiparado a la alternancia ocurrida en el año 2000 con la democracia. En la actualidad son inexistentes las condiciones democráticas al interior de los partidos políticos, por lo que para que la ciudadanía pueda intervenir, debería existir un proceso de elecciones primarias para elegir candidatos.
ADVERTENCIA.- Llama la atención, por insolente, la advertencia de López Obrador de que si hay fraude el 1 de julio –el cual parece prever desde ahora- se va a soltar al tigre, y más aún, que haya anunciado que si eso ocurre él ya no va a detener a la gente. ¿Por qué? Porque parece convencido de que si el resultado de la elección no le favorece es porque hubo fraude y no porque los votantes lo hayan rechazado, y porque en su mente ha de estar fluyendo la fantasía de que con lo estúpidas que son las personas lo van a defender a capa y espada, y se van a aventurar en una revuelta social y lo que ella implica para ellas, sus familias y el país. Lo que no parece entender es que la gente tiene problemas fuera de la política que le urge resolver.
OPORTUNIDAD.- Los candidatos con partido y los sin partido tendrán la oportunidad de plasmar ante el electorado el balance que tienen sobre el estado económico, político, social y cultural del país, y cómo piensan que se pueden resolver los rezagos y problemas que hay, en los debates que organicen los medios electrónicos de comunicación –radio y televisión-. El número de los debates que se puedan organizar hasta el 31 de marzo es incierto e independiente de los tres oficiales que tiene programados el INE, pero los que sean servirán para que el electorado, fastidiado de ocurrencias, declaraciones a bote pronto y spots que nada dicen, valoren la capacidad de cada uno de los candidatos y así puedan emitir un voto razonado.
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