Rafael Cienfuegos Calderón
Los tiempos marcados por la reforma constitucional al Poder Judicial adelantaron una de las consecuencias que la misma traerá. Del debate se pasó a las acciones. Ocho de los once miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron presentar sus respectivas renuncias.
Esto, en medio de los dimes y diretes entre la Presidenta y su triada de partidos oficialistas y ministros, magistrados y jueces por la legalidad del cambio legislativo a la Constitución –dicen los primeros- y la posible inconstitucionalidad que es procedente someter y revisión -exponen los segundos-.
El motivo esgrimido por los renunciantes en sus cartas es que no participarán en la elección de juzgadores prevista para junio de 2025 y, como corresponde, así lo hicieron sabe al presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Las renuncias de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potizek, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma Piña Hernández –presidenta de la Suprema Corte- se harán efectivas a partir del 31 de agosto de 2025, tal como se estableció en la reforma judicial publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma que aprobaron los legisladores de Morena y parásitos del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) como regalo de despedida para el expresidente de la República, establece que si los juzgadores no declinan a participar en la elección judicial antes del 31 de octubre serán inscritos de manera automática.
Y, como era de esperarse dado que sus intereses están alineados con los del gobierno anterior y el de la continuidad, las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se mantienen incólumes y se inscribieron para ser votadas por el “pueblo” y repetir en el cargo porque –como han de creer que son “sumamente populares”- seguramente serán favorecidas.
Pero contario a lo que pudiera pensarse, los problemas derivados de la reforma no se resuelven con las renuncias, como tampoco terminará la violencia política que ejercen los poderes Ejecutivo y Legislativo hacia el Judicial.
La cuestión es que para legitimar la elección popular de ministros, magistrados y jueces el gobierno y los partidos promotores necesitan la participación de sus actuales integrantes.
Y por ese interés, es posible que la Cámara de Senadores, dominada por el mayoriteo de los partidos oficialistas, no acepte las renuncias y con ello eleve el nivel de la confrontación.
El senador Gerardo Fernández Noroña amenazó (29- 10-2024) conque el pleno no acepte las dimisiones a pesar de que la reforma al Poder Judicial estipula que las y los ministros lo pueden hacer antes del 31 de octubre y que recibirán sus “haberes de retiro.