POR: Rafael Cienfuegos Calderón
DESCONOCIMIENTO.- En los foros “La UNAM y los desafíos de la nación” Política de Estado para la Seguridad y Justicia, se concluyó que en México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, que requiere un rediseño de las políticas públicas con enfoque funcional y transparente. El académico de la Facultad de Derecho y ex subprocurador de la República, José Medina Romero sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar de un Estado de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado, federales, estatales y municipales. El Estado es responsable de brindar nuevos esquemas y políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado que no sólo golpea a las personas y su patrimonio, sino que rompe el tejido social. Ahí, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), afirmó que en el país irrumpió un nuevo sujeto social de manera violenta: el crimen organizado, del cual se sabe muy poco y “como país es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento”; y si desconocemos al sujeto, también las políticas adecuadas para combatirlo. A su vez, Luis Esteban Islas Basilio, representante de Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública, señaló que lo que hay que preguntarse es cuáles son los factores que inciden en los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado porque entre 2008 y 2011 se incrementó, hubo una disminución entre 2012 y 2014, y un nuevo repunte entre 2015 y 2016. Si no entendemos el problema y cuáles son los elementos que inciden en él, como en todo proceso de política pública, no seremos capaces de resolverlo. Y aún no podemos explicar con certeza cuáles son las variables que intervienen. Lo que se deduce de ambas declaraciones es que el gobierno federal está dando palos de ciego en la lucha contra el crimen organizado y que a falta de una estrategia debidamente diseñada, la táctica es perseguir y enfrentar a los criminales exponiendo a los miembros del Ejército, la Marina y a la población, entre quienes hay miles de muertos. O sea, por desconocimiento del enemigo, Felipe Calderón fracasó y Enrique Peña Nieto va por el mismo camino. José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que ha habido avances en la defensa de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero hay una extraordinaria crisis de seguridad en el país.
DISPUTAS.- Entre los años 60 y 80 del siglo pasado, hubo una sola corporación dedicada al narcotráfico que se escindió en seis, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo., y comenzaron los conflictos por el control de la producción y exportación de droga. Luego, por los problemas internos y la acción del Estado, éstas se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, con Los Zetas y Los Templarios. En una segunda etapa de división las organizaciones regionales han dado paso a alrededor de 250 bandas que se disputan el negocio del narcotráfico y otros mercados ilegales. Así, hay crimen organizado para el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro: Guillermo Valdés Castellanos, ex director del CISEN.
RECORTE.- A la población indígena -12 millones de personas, 4.6 millones de ellos niños y jóvenes, y un 15.1% sin atención médica- la federación y el Congreso de la Unión le limitaron presupuesto para programas de Comunicaciones y Trasportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social, no obstante la necesidad de revertir las condiciones de rezago en que viven. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, informó que en el rubro Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas el gasto programable se redujo de 85 mil 260.4 millones de peso en 2016 a 74 mil 895.8 millones en 2017. De los 2 mil 456 municipios, 624 son indígenas, concentrados en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
CONTROL.- La participación política a través de la organización no gubernamental, está secuestrada casi en su totalidad por los partidos políticos y por ello la ciudadanía está condicionada a intervenir a través de un bloque, colectivo, sindicato, gremio o alianza. Está controlada por intereses políticos-electorales y no hay la intención de cambiar esta situación. El diputado Jorge Triana Tena del PAN, aseguró que la principal traba de la participación ciudadana en el país es el corporativismo, el cual mutó al clientelismo que “busca un control de carácter electoral”. Argumentó que México es el único país del mundo donde los mecanismos de participación ciudadana “están anclados a los procesos electorales”.
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