La autoridad electoral (INE y TEPJF), sin autoridad
Rafael Cienfuegos Calderón
El árbitro electoral pone en evidencia con las “vagas” y “tibias” medidas emitidas sobre los ilegales actos anticipados de campaña que llevan a cabo las corcholatas del movimiento-partido oficial y los que están por iniciar quienes buscan la candidatura presidencial por el Frente Amplio Opositor, que no quiere quedar mal con el presidente democrático ni tener conflictos conlos partidos de la oposición.
En lugar de ceñirse al mandato de la Ley Electoral y exigir su cumplimiento, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se “acomodan” al proceso del movimiento-partido Morena para elegir coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y al del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) que busca quién lo encabece.
Las autoridades electorales avalan las campañas adelantadas y con ello la violación a la ley que auspicia desde mediados del 2021 el presidente destapador de corcholatas.
Primero, ante la petición (o exigencia o presión) del partido en el gobierno del cambio, el INE (con cuatro nuevos consejeros afines a la cuarta transformación, incluida la presidenta), aprobó medidas cautelares contra el Frente opositor por la supuesta violación al principio de equidad del proceso electoral del año próximo, falta similar a la que cometen las corcholatas del oficialismo con las precampañas que ayer cumplieron un mes.
Con esa resolución quedó al descubierto la parcialidad del árbitro electoral ante los actos anticipados de campaña para designar candidatos a la presidencia, que constituyen una abierta violación a la Ley Electoral de parte de todos los partidos y actores políticos, y que debería ser causa de suspensión para ajustarlos al calendario oficial.
Sin embargo, el Tribunal Electoral se sumó (11-07-2023) a la inequidad de la contienda presidencial al confirmar el acuerdo del INE que permite a los aspirantes presidenciales de Morena realizar giras, añadiéndole que en sus actividades no deben hacer proselitismo, ajustarse a los parámetros constitucionales y “conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad”.
Luego, el INE emitió un acuerdo en el que pide a los aspirantes de Morena que sus asambleas informativas no incluyan elementos proselitistas y que se realicen en lugares, preferentemente cerrados y/o en espacios pertenecientes al propio partido político, como son sus oficinas estatales o municipales, y no deberán emitirse expresiones de índole electoral.
Y en medio de la confusión político-electoral generada por la adelantada sucesión presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral se rehusó (19-07-2023) a suspender la convocatoria de PRI, PAN y PRD para seleccionar a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México y decidió ordenar al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades que realizan las personas que aspiran a la candidatura presidencial por parte de cualquier bloque político.
Lo que sucede, en realidad, es que la autoridad electoral (INE y TEPJF) no tiene autoridad, está rebasada, nadie le hace caso ni nadie la respeta. Sus resoluciones y exhortos para que los partidos y los suspirantes a la candidatura presidencial respeten la ley son como las llamadas a misa y, en esas condiciones, la elección del primer domingo de junio de 2024 corre el riesgo de ser la más desregulada.
Comentarios Cerrados