Rafael Cienfuegos Calderón
El Poder Judicial de la Federación se defiende del exceso de violencia política de los poderes Ejecutivo y Legislativo y se acrecientan las agresiones, descalificaciones y amenazas para apaciguarlo y acallar las voces que con argumentos legales advierten los riesgos que conlleva la reforma a la Constitución que se aprobó al vapor, sin análisis ni discusión ni conceso.
Lo acusan de no respetar la Constitución pero la presidenta de la continuidad con cambio y los partidos Morena y parásitos del PT y PVEM desconocen las resoluciones de jueces y magistrados e ignoran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que el “pueblo” aprueba la elección de los nuevos impartidores de justicia.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y sus legisladores violan la división de Poderes y promueven en el Senado de la República una iniciativa de ley para “blindar” las reformas constitucionales que hagan los legisladores y que no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, como lareforma en materoia judicial.
Además, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) presentó (22-10-2024- una solicitud de juicio político contra 8 ministros de la Suprema Corte declarados en desacato, incluida la presidenta, Norma Piña, que excluye a las afines a la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
¿Por qué? Porque han aceptado y están aceptando a revisión recursos legales interpuestos para determinar si la reforma al Poder Judicial aprobada es constitucional o inconstitucional y para frenar su aplicación en tanto se resuelven.
Porque la ministra Norma Piña convocó a los integrantes del Poder Judicial a ser fieles a sus convicciones y a seguir trabajando por la independencia y la autonomía, y advirtió que los derechos humanos están en riesgo por el desenfreno de un poder que “no puede ser contenido, frenado y controlado”.
Y, porque el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio entrada (22-10-2024) a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por integrantes del Poder Judicial de la Federación y partidos políticos de oposición en contra de la reforma judicial, sin otorgar suspensiones en contra de esta.
La situación política que se vive por la confrontación entre poderes es inédita, como también lo sería la crisis constitucional que, en opinión de especialistas, se puede llegar a presentar como consecuencia.
Y en medio de este desencuentro derivado de la decisión política del expresidente para despedir a los actuales integrantes del sistema de justicia y suplirlos por improvisados que sean leales a su personal proyecto político que Sheinbaum asume como propio, el “pueblo” que será el encargado de decidir con su voto a quienes da la chamba, permanece ajeno o confundido por no alcanzar a entender el meollo del conflicto.