Rafael Cienfuegos Calderón
ARRANQUE.- La larga transición de cinco meses en la que Andrés Manuel López Obrador dio cátedra sobre como ejercer el poder antes de ser constitucionalmente Presidente de la República -algo nunca antes visto en México-, llegará a su fin el 1 de diciembre cuando rinda protesta ante el Congreso de la Unión y se convierta en jefe del Poder Ejecutivo. Ese día o en los inmediatos, arrancará sacando chispas – como lo hizo a partir del 2 de julio como presidente electo- con la iniciativa para reformar la Reforma Educativa e iniciar el Acuerdo Educativo Nacional, en el que se supone los maestros serán la columna vertebral. Y para que desde el arranque de su gobierno el presidente actué con apego a la Constitución y realice los cambios ya anunciados y los que tiene en mente, la mayoría de su partido, Morena, trabaja en las cámaras de Diputados y Senadores en las reformas necesarias para implementar un régimen de austeridad republicana, ahorrativo, disciplinado en el gasto, comprometido con la seguridad, el combate a la corrupción y la impunidad, y obediente con el mandato del pueblo expresado en las consultas. En ese sentido, sus legisladores preparan el andamiaje legal que sostendrá la Cuarta Transformación. Los senadores aprobaron nuevas facultades al Ejecutivo Federal para crear comisiones a través de decretos presidenciales en las que intervengan varias secretarías de Estado como las de la verdad, de investigación, de fiscalización, seguimiento o consultivas. Así mismo, López Obrador acordó con Morena y sus partidos satélites, del Trabajo y Encuentro Social, la agenda legislativa que sacarán adelante ejerciendo el mayoriteo e imponiéndose ante una disminuida oposición. Las reformas consideran la modificación de cuando menos 15 artículos de la Constitución: 3, 17, 19, 35, 40, 41, 61, 73, 74, 108, 110, 111, 112, 114 y 127. El 108 busca que el Presidente de la República sea juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por corrupción, otro tiene que ver con suspender el fuero y los privilegios a los funcionarios públicos, y el cambio al artículo 3 para instituir el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares, hasta el universitario. Habrá cambios para establecer en la ley el mecanismo de consulta ciudadana referente a la revocación de mandato y quitar candados a los procedimientos de las consultas a efecto de que ahora tengan carácter vinculatorio. El 1 de diciembre iniciará la presidencia constitucional de López Obrador, pero en los hechos, será la continuidad del poder que viene ejerciendo desde hace cinco meses, por lo que, en adelante, es posible que ya no sorprendan tanto sus acciones.
PROTESTAS.- Se prevén protestas de legisladores del PAN y el PRI en el acto de toma de protesta del nuevo Presidente de la República. Los primeros por su exclusión en las cámaras de Diputados y Senadores al discutirse reformas que Morena aprobó por mayoriteo, y por la presencia del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Los segundos lo harán si hay maltrato y faltas de respeto a Enrique Peña Nieto. Si a este se le respeta, Andrés Manuel López Obrador será respetado. Ambos merecen respeto institucional, arguyen.
¡ORALE! – Porque la sociedad de la Cuarta Transformación espera que el funcionario actúe con patriotismo y porque la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos en el servicio público son gente decente, Enrique Galván Ochoa, miembro del Consejo Asesor que se encargará de la elaboración de la Constitución Moral, propuso la creación de un premio nacional anual para los funcionarios más honestos del país. Servir con patriotismo, esa debería de ser la esencia de la función pública.
AMENAZA.- El senador Félix Salgado Macedonio evidenció la prepotencia con que se conducen los legisladores de Morena -que ya los caracteriza por ser mayoría en el Congreso de la Unión y en 19 congresos locales-, al amenazar con la desaparición de poderes a los gobernadores que rechazan a los superdelegados del nuevo gobierno en cada entidad federativa. Si “no se ajustan” o acatan la ley, el Senado usará su facultad para desaparecer los poderes porque no pueden oponerse a un mandato constitucional.
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