Sigue violencia verbal contra la Suprema Corte
Rafael Cienfuegos Calderón
Acostumbrado a imponer su voluntad desde el Poder Ejecutivo con el respaldo de la mayoría partidista de un Poder Legislativo sometido, el presidente del cambio tiene como último recurso para tomar el control de las elecciones a partir de 2024 el Plan C, que contempla poner en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a alguien que responda a los intereses del gobierno.
El promotor de la transformación trazó tres vías para debilitar a la autoridad electoral y allanarle el camino a quien elija para sucederlo. La primera, la iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral, que fue rechazada, la segunda, el paquete de modificaciones a las leyes secundarias que los partidos pro gobierno aprobaron al vapor y que frenó por tiempo indefinido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el viernes 24, y la tercera, aprovechar el relevo de cuatro consejeros del INE, incluido su presidente, para colocar a gente afin a la 4T.
En el proceso de selección de candidatos a consejeros Bertha María Alcalde “cercana” al gobierno del cambio por los cargos que ha ocupado y ser hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, encabeza la quinteta de quienes podrían reemplazar a Lorenzo Córdova.
Fiel a su costumbre, el Presidente reaccionó con violencia verbal contra ministros y miembros del Poder Judicial. Los calificó de “mafia en el poder” y aseguró que los mueve el dinero, luego de que la Suprema Corte, por conducto de Javier Laynez, admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el INE contra las reformas a la Ley Electoral y frenó indefinidamente su aplicación.
Frenan las reformas porque es la misma mafia, son lo mismo que los conservadores, no quieren que haya democracia, son partidarios de la oligarquía, dijo en Chetumal, Quintana Roo el domingo.
Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció que impugnará la suspensión del “Plan B” porque el Ejecutivo federal “no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano”.
Uno de los puntos que estaría a revisión del Pleno de la Corte tiene que ver con un problema de origen: los diputados aprobaron la iniciativa de reforma el mismo día que fue presentada, lo que es contrario a los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo, máxime tratándose de una reforma de fondo al sistema electoral.
Según especialistas, si la Corte inicia por ahí su discusión, puede invalidar de manera definitiva la reforma sin tener que pronunciarse sobre su contenido, sino sólo sobre la forma en que los legisladores la aprobaron.
Para invalidarla el Pleno requiere ocho de 11 votos de sus integrantes. Si no los obtiene, analizaría el contenido de la reforma para determinar si la supresión de unidades y secretarías del INE y los cambios al sistema de impugnaciones y reglas de los partidos políticos, pone en peligro la calidad de los procesos democráticos.
Es legal y moralmente válido que la próxima presidenta del INE simpatice con Morena, lo importante es que sea servidora pública imparcial, íntegra y honesta. La experiencia es relativa (El Presidente, mañanera 27-03-2023).
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