Rafael Cienfuegos Calderón
El fin de semana se realizaron las encuestas ciudadanas que ordenó la electa Presidenta sobre la reforma constitucional al Poder Judicial y sin ser pitonisos se adivinó antes que el resultado sería a favor, mientras que el de los próximos foros de discusión con juristas y especialistas predeciblemente será en contra.
En las encuestas la opinión mayoritaria y favorable -59% de los encuestados- fue para transformar el sistema de impartición de justicia y que el “pueblo” elija en votación a sus integrantes.
¿Por qué? Porque desde la mañanera se acusa diario que está podrido e impera la corrupción, y que los ministros de la Suprema Corte defienden intereses contrarios a los del “pueblo” al favorecer a la oligarquía y a delincuentes de cuello blanco.
En el subconsciente colectivo se sembró la idea de que esa situación va a cambiar solo si ministros, magistrados y jueces son elegidos por el “pueblo”.
Empero, esa es una falacia.
Está comprobado que entre los que son votados para ocupan un cargo de elección popular: Presidente de la República, diputado, senador, gobernador y presidente municipal, hay corrupción e impunidad en alto grado, sea por comisión u omisión.
En el parlamento abierto es de esperarse que por sentido común del resultado sea mayoritariamente en contra.
Es impensable que gente con amplio conocimiento de la Constitución y las leyes y avezada en su aplicación acepte que personas inexpertas, pero con popularidad para ganar una elección, suplan a los experimentados integrantes del Poder Judicial.
Los especialistas, juristas, académicos e investigadores, ministros, magistrados, jueces y trabajadores dirán no a la elección popular, pero porque saben que es necesaria, dirán sí a la modernización del sistema judicial y esos foros pueden aprovecharse para escuchar propuestas.
Entonces, el resultado de encuestas y foros será que no hay consenso, por lo que quien tome la decisión final deberá ser muy responsable.
Lo que está en juego es el Estado de Derecho consagrado en la Constitución, el acatamiento de lo que esta mandata, la división entre poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la vigencia de las normas que rigen la convivencia de la sociedad.
El mayor peligro radica, no obstante, en que el interés inamovible del aún mandatario es que los mil 656 juzgadores sean electos, lo que apoyan Claudia Sheinbaum y 59% de los ciudadanos encuestados.
Dice el presidente transformador que así no serán “empleados de particulares ni de las cúpulas de poder”.
En Milenio (13-06-2024) Carlos Marín preguntó: ¿tampoco de las empresas, los caciques regionales y los grupos criminales que financies sus campañas, de los partidos y en especial de Morena y de la “cúpula” mayor, la Presidencia de la República?
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