Cuanto más compleja es una sociedad, más complicado es su gobierno. El gobierno que representa la voluntad general cuando en realidad la voluntad general no existe como tal. Lo que hay es tantas voluntades como sectores y grupos de interés aparecen en el escenario nacional. Más o menos representados en el Congreso de la Unión, por legisladores, diputados y senadores, en grupos parlamentarios que corresponden al espectro político del país.
Complacer a todos es imposible. En la democracia lo que cuenta y se cuenta es la mayoría. Se expresa en la Cámara de Diputados y la de Senadores (en el marco de atribuciones de cada una de ellas) en la votación de iniciativas, de puntos de acuerdo, en la elaboración de la Ley de Ingresos, en la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación, en la fiscalización de la cuenta pública, en la evaluación del desempeño de los servidores públicos, en el ejercicio de las facultades de control de las acciones de gobierno, por parte del legislativo, en el diseño y cumplimiento de las políticas públicas, en el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Bajo tales consideraciones es que habrá de actuar el poder ejecutivo que a partir del 1 de diciembre presidirá Enrique Peña Nieto. Desde ya éste ha comenzado con propuestas de normas que conduzcan al logro de la confianza ciudadana necesaria para fortalecer y hacer eficaz la gobernabilidad. Gobernabilidad que es la capacidad del poder público para hacer y desarrollar las políticas, públicas, permítase la repetición.
Una cuestión fundamental en el ejercicio gubernamental es garantizar la calidad del gasto. Componente del marco hacendario que sujeta al poder público; los otros son ingreso y deuda. De ahí que cuando se habla de reforma hacendaria se vaya más allá de lo que sería una reforma fiscal.
Pues bien, la calidad del gasto no sólo depende de un buen diseño de quienes lo tienen a cargo, sino de un ejercicio cabal por parte de las instancias de operación gubernamental bajo la responsabilidad de los servidores públicos todos. Su actuación debe ser honesta, eficiente, eficaz, en un ejercicio transparente, con cabal rendición de cuentas y oportuna evaluación. ¿El gasto es adecuado? ¿Se cumplen metas y objetivos? ¿Es mejor la administración de los recursos que son de todos? ¿Se ofrece a los gobernados la oportunidad de alcanzar una mejor calidad de vida? Es cuestión que debe estar a la vista de manera clara, objetiva, comprensible.
Que México dedica el 6% del Producto Interno Bruto a la educación pública (531,758.1 millones de pesos*) con vistas a elevarlo al 8 como recomienda la UNESCO, pudiera ser, pero que de ese monto se dedique el 90% a gasto corriente resulta poco alentador, de ahí que tanto se discuta el asunto de maestros comisionados a labores sindicales, ajenas a la enseñanza, esto debiera correr con cargo a las cuotas que la organización gremial recibe. Ese es un asunto de “calidad de gasto”.
Lo que ocurre en la cuestión educativa sucede en todas las áreas de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. El asunto debiera motivar la atención no sólo de expertos, sino de los gobernados interesados en saber qué se hace con los recursos públicos.
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