POR: Rafael Cienfuegos Calderón
Porque los sondeos de opinión (encuestas) son susceptibles de usarse como estrategia y/o propaganda electoral a favor del candidato del partido político que los encarga e incurren en constantes errores, es necesario que sean reguladas por la autoridad electoral, aunque de manera limitada, para minimizar el riesgo de que circule información falsa.
Lo anterior está contenido en el estudio “Encuestas Electorales” que dio a conocer a mediados del mes pasado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el cual precisa que la elección presidencial de 2012 motivó profundos debates sobre la influencia que tienen las encuestas en el electorado, los constantes errores en que incurren, y la necesidad de sujetarlas a cierta regulación.
Aunque se han adoptado algunas medidas limitadas con el objetivo de minimizar el riesgo de que circule información falsa en el espacio público, lograrlo de manera más amplia implicaría aplicar una política de transparencia vigilada por las autoridades electorales, que obligue a las firmas encuestadoras a colocar en medios de acceso público los documentos que se generan como parte del levantamiento de un sondeo de opinión.
Si bien las encuestas despiertan interés, también son criticadas por las diferencias entre los datos generados por sondeos y los resultados electorales, lo que resulta riesgoso por el papel que juegan en las distintas fases del proceso electoral correspondiente, particularmente por la influencia que ejercen en las decisiones que toman los votantes respecto a cómo y por quién votar.
Quienes se manifiestan a favor de una mayor regulación afirman que las encuestas inducen a que los votantes apoyen al candidato o partido político que las lidera. Y esto genera que los sondeos de opinión sean susceptibles de usarse como estrategia o propaganda electoral.
Hay documentos relativos a que todo régimen democrático puede beneficiarse fomentando un proceso deliberativo entre ciudadanos, si se procura que la interpretación del voto de cada uno de ellos se acerque a sus verdaderas preferencias e intereses. Ello puede alterarse si estos instrumentos con legitimidad y credibilidad científicas colocan información falsa en la arena pública y un segmento de los votantes la toma en cuenta para formarse una opinión y decidir el sentido de su voto el mismo día de la elección.
Esta es una de las razones con mayor valor argumentativo para afirmar que las encuestas deben contar con un marco regulatorio, acerca de lo que divulgan públicamente.
El estudio expone que a pesar de que en México existe normatividad respecto a encuestas y sondeos, la finalidad de una revisión a dicha regulación debería centrarse en minimizar el riesgo de la circulación de información falsa tanto en una precampaña como en la campaña electoral de que se trate (federal o local), partiendo de la obligatoria política de transparencia.
A partir de ésta se podría exigir que cada firma demoscópica proporcionara a la autoridad electoral información pública que incluya todos los documentos que se generan derivado de la recolección y del procesamiento de datos que miden las preferencias electorales.
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