Rafael Cienfuegos Calderón
La falta de nombramientos en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de una política nacional eficiente y la ausencia de un fiscal anticorrupción, entorpecen la lucha contra la corrupción, que según cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) equivale a más de 200 mil millones de pesos anuales.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Jesús Valencia Guzmán (Morena), afirmó que ante este problema es responsabilidad del Poder Legislativo promover el fortalecimiento y efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción para acabar con este cáncer que carcome al gobierno y a la sociedad.
En el inicio de los trabajos del foro “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances” en la Cámara de Diputados, refirió que la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisa que la corrupción para la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos, tuvo un costo de 6 mil 418 millones de pesos en 2015, y de 7 mil 217 millones en 2017.
Yasmín Esquivel Mossa, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, declaró que la corrupción ha carcomido la confiabilidad de las instituciones y debilita la credibilidad del Estado, lo que es lamentable y preocupante para el desarrollo del país. Lo mismo, que a dos años de su creación, hagan falta muchos nombramientos, como en el caso de la Fiscalía y magistrados federales y de los estados.
El magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Álvaro Castro Estrada, mencionó que existen funcionarios que han encontrado en esta práctica y en la impunidad un modo de vida y riqueza. “No se nace corrupto, se elige serlo, el problema trasciende la moral y se convierte en inercias para que, ya sean del sector público o privado o ambos, llegan al punto de considerar que es más rentable romper la ley que respetarla”.
El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Octavio Martínez Camacho, aseguró que con el andamiaje y estructura jurídica actual “nos llevaríamos un mal sabor de boca” si se nombra el fiscal anticorrupción, pues, aseguró, “tendría poca autonomía”. “El Fiscal Anticorrupción está atado al tema de recursos económicos. Un organismo público sin dinero es sólo un sueño”, consideró.
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