El alcalde de Ixtapaluca, Humberto Navarro, y su tesorero, Francisco Javier Olivares Salazar, mucho deberán explicar respecto al manejo de los recursos públicos. El pasado jueves cuatro al término del segundo informe del edil, Francisco Olivares se instaló en sus oficinas donde recibió uno a uno a los representantes de los medios de comunicación afines a su política poco transparente; sin más pactó la compra de los espacios que le ofrecieron. Lo criticable del asunto es que no hay facturas de por medio, no se sabe cuánto gasta ni el concepto pues no hay área de difusión o comunicación social. El tesorero y el secretario particular del munícipe, extraoficialmente, hacen esa función. El ofrecimiento arrancó de los dos mil pesos para arriba, con publicación de por medio. La tarifa, rebelaron amigos del alcalde “es dependiendo el sapo es la pedrada”.
Política que ha ejercido a lo largo de su administración. Pese a que se buscó al alcalde y al tesorero para conocer sus impresiones, no fue posible pues según argumentaron sus respectivas secretarias “están en reuniones”. Cabe recordar que Ixtapaluca está dentro de los 10 municipios más endeudados del Estado de México, pues recién contrató un crédito por 200 millones de pesos, que liquidará en 13 años, obvio pagarán los contribuyentes y no el alcalde o el tesorero. Si ese es el nuevo PRI, que gasta lo que no es suyo, que no informa, seguramente muchos razonarán su voto llegado el 2012. Ernesto Nemer, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa de ley encaminada a aplicar mayores sanciones contra aquellos padres que incumplan con la pensión alimentaria de los infantes, adolescentes y de quienes tienen facultad legal para exigir la satisfacción de este derecho.
También contempla que cuando el sujeto obligado no perciba ingresos tendrá que asegurar el pago de la pensión alimentaria, que no podrá ser inferior a un salario mínimo diario. Es decir, ahora sí no habrá pretextos para que el responsable o deudor alimentario se haga el desentendido y le deje toda la responsabilidad a la madre como suele suceder en miles de casos. Las reformas al Código Penal sancionan a quien mienta en procesos alimentarios, aumentando la pena de tres a siete años de prisión y de 50 a mil días multa.
En los casos de reincidencia en el delito de incumplimiento de obligaciones como dar alimentos, las penas que actualmente son de dos a cinco años de prisión y de 30 a 500 días multa, se incrementan hasta en una mitad; y a quien impida al otro progenitor ver y convivir con el menor, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de 40 a 125 días de salario mínimo. Iniciativa que meterá al orden a muchos desobligados que, incluso ocultan sus ingresos reales para dar lo menos posible de pensión con lo que dejan a su suerte a sus vástagos.
En Nezahualcóyolt, un grupo de policías municipales que fueron dados de baja se alistan para protestar en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí pedirán la intervención del Presidente Felipe Calderón pues argumentan que el jefe de la policía, Víctor Manuel Torres Moreno, incurre en actos de corrupción que deben ser investigados. De lograr su cometido habrá grandes sorpresas, que podrían alcanzar a políticos de mayor nivel.
alfredoibanezjuarez@yahoo.com.mx
Comentarios Cerrados