El Ejército es la alternativa para recuperar la tranquilidad. Es la última instancia que tiene el Presidente Felipe Calderón, ante el embate de la delincuencia y el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas son instituciones constitucionales y bien definidas como apolíticas; en esto se finca el gran logro del sistema priísta, con más de 70 años de paz social del país, con un hábitat confiable sobre el patrimonio familiar y la integridad de la vida. En los últimos diez años este escenario ha cambiado a la inseguridad y las muertes violentas, que, suman miles de personas, en varias entidades de México y Ciudad Juárez, es un ejemplo del horror. Ahí acudió el Presidente, con varios secretarios, de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Salud, José Angel Córdova; de Educación, Alonso Lujambio; también acudió el gobernador José Reyes Baeza. El mandatario tuvo dos reuniones, con papás de los 15 jóvenes asesinados en una fiesta, y luego con representantes de sectores ciudadanos. Varios fueron los reclamos, una mamá, que perdió 2 hijos, encaró al mandatario y le dijo “Si a usted le mataran un hijo pediría que busquen a los asesinos hasta debajo de las piedras”. También escuchó las increpaciones Margarita Zavala, esposa de Calderón.
El encuentro abierto dio tiempo a que hablaran ciudadanos representativos de Ciudad Juárez, quienes tras recriminar el terrorismo bajo el cual viven, culpando al gobierno, clamaron por justicia, por policía y militares capaces en investigar, inteligencia, por atacar la corrupción y la impunidad, por atención educativa, de salud, por inversión y empleos. Afuera hubo protestas callejeras, vociferantes, sin violencia de agresión física. Protestas justas. El gobernador habló y en autocrítica admitió su responsabilidad en lo que ocurre. El Presidente Calderón ofreció disculpas. Se acordó trabajar juntos, los 3 niveles de gobierno. Con un consejo ciudadano. Atención en salud y en educación.
Lo valioso de este suceso, empieza en que, por fin el gobierno escuchó. Lo lamentable es que después de familias mutiladas, cientos de jóvenes muertos. Lo más grave es que no hay confianza, no hay certeza, en que el gobierno sea capaz de combatir y castigar a los delincuentes; no confían porque su experiencia y tragedia es producto de la ineficacia y la incapacidad de cuerpos de investigación de policías y del Ejército. Y no creen porque la justicia en ministerios públicos, en jueces, en procuradurías, es corrupción e impunidad.
Y a propósito de seguridad nacional hay que precisar, señor Calderón, no queremos un Ejército politizado. Nos sorprende que en la celebración de La Marcha de la Lealtad, haya existido sólo un orador. Y que el orador fuera el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. Hasta aquí puede verse normal. Sólo que el jefe militar no habló sólo del evento histórico, se pasó a cuestionar a los partidos políticos en apoyo a la propuesta de reforma política del Presidente. Los conminó a dejar los intereses propios y que es “necesario anteponer el apego nacional”. Si lo dijera el secretario de Gobernación es entendible, está en su papel; pero por el titular del Ejército, sorprende y mucho. Cuidado. Y cuidado cuando hay grupos empecinados en señalar que es muy riesgoso tener al Ejército combatiendo delincuentes. A lo cual el Presidente Calderón dio sustento a la acción militar en Ciudad Juárez. Paralelamente, el gobernador José Reyes Baeza anunció el traslado de los tres poderes estatales a Juárez, a ese anuncio el presidente del PAN, César Nava, atacó y recriminó por ser, dijo, actos electorales. Resulta que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, viajó intempestivamente a esa entidad; el jueves el Presidente Calderón canceló una gira a Yucatán para ir a Cd. Juárez. El señor Nava ataca lo que debe respetarse o aplicar lo mismo al mandatario. Lo mejor es no atizar la hoguera.
Ciudad Juárez es un cuadro del tablero del ajedrez territorial. Que no sirva sólo de catarsis. De aquí debe salir una estrategia nacional. Pero ya. A este gobierno le quedan solamente 34 meses.
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