Ricardo Chávez,
Colaborador invitado
A casi medio siglo de los sucesos del 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlaltelolco, el autoritarismo, la violencia desde los administradores y aplicadores de la justicia y de su fuerza pública siguen vigentes.
Después del tiempo transitado en busca de un verdadero estado de derecho todavía en la memoria colectiva queda prendido aquel pasado reciente que es removido y nos trae el recuerdo de los estados de la República que entonces estaban inmersos en los conflictos agrarios y estudiantiles, que ante la carencia de diálogo por parte de las diversas instancias de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, tenían que llegar a la movilización y a la protesta. Ante lo cual la autoridad hacía uso de su fuerza pública, policía, granaderos, hasta llegar al uso de grupos paramilitares y hasta del Ejército, tomando a bayoneta calada campus universitarios, disolviendo manifestaciones y rompiendo tomas de tierras en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa. En los años de 1965, 1966, 1967 hasta llegar a la noche negra del inolvidable 2 de octubre de 1968.
A pesar del tiempo que ha pasado, la violencia contra el movimiento social está presente, diálogo se ha perdido entre los vericuetos extra judiciales, como lo muestra la violencia ejercida por la autoridad municipal de Iguala contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el marco de los festejos del 2 de octubre. Fueron agredidos por policías municipales, preventivos y patrulleros, cuyo resultado fueron 3 muertos y varios heridos, 43 detenidos, que en lugar de ser presentados ante la autoridad correspondiente del juez cívico o el Ministerio Público, fueron secuestrados y ahora reportados como desaparecidos.
Esta acción de la autoridad municipal y de la fuerza pública crea desde la autoridad misma el autoritarismo, la impunidad, provocando que las diversas instancias jurisdiccionales civiles y judiciales del Estado Mexicano se alejen cada día que pasa del verdadero estado de derecho y del diálogo.
Para dar pie al funcionamiento de aparatos extrajudiciales que usan la violencia haciendo trizas los más elementales derechos humanos e individuales y colectivos, establecidos en la Carta Magna, que llega a ser sólo virtual ante los hechos de la vida cotidiana de violencia, autoritarismo e impunidad, que deja maltrecho el ambicionado estado de derecho del Estado Mexicano.
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