En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el Articulo 27 Constitucional para convertir al ejido en propiedad privada, en lugar de la tradicional propiedad comunal. Así, el ejido, que constituía la mayor extensión de propiedad de la tierra, al sumar 106 millones de hectáreas, de los 200 millones que tiene el territorio nacional, dejó de ser imprescriptible, inembargable e inalienable, para ser, lo que en la realidad era, una propiedad individual, aunque sujeta a reglas de control político más que económico.
La política agraria ha sido manejada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), creada ex profeso por el presidente Luis Echeverría Alvarez para favorecer la precandidatura presidencial de su amigo Augusto Gómez Villanueva, quien se convirtió en el primer titular de la SRA, al dejar de ser Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (Daac). A 20 años de distancia de esas reformas, la SRA y el ejido presentan nuevas caras, resultantes de la política agraria mundial. Ahora, el actual secretario de la Reforma Agraria, Jorge Carlos Ramírez Marín, tiene la encomienda de modernizar esas añejas estructuras para convertir a la SRA en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como parte de la reforma ala Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De hecho, de los 30 mil núcleos ejidales y comunales existentes, al menos un 30 por ciento al sido tragados por el desarrollo urbano. Dejaron de ser productor de alimentos para constituirse en bolsa de tierra para las inmobiliarias que construyen nuevas ciudades en todo el territorio nacional. En la realidad, el fundo legal, que protegía a las extensiones agropecuarias de la mancha urbana, dejó de existir. En su primera declaración como titular de la SRA, Ramírez Marín, hizo el compromiso ante la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), de incluir en su agenda de trabajo las propuestas de planeación urbana del AMU, tendientes a reconstruir el tejido social, enfrentar la pobreza e impulsar el crecimiento económico con mejorar servicios públicos y transporte en las metrópolis del país. El nuevo rostro de la echeverrista SRA depende de los legisladores, pero la realidad se impone y, por supuesto, que habrá los cambios necesarios, que incluyen el Instituto Nacional del Urbanismo.
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