México importa 66 por ciento de la gasolina que usa mientras que las refinerías de Pemex están siendo utilizadas a la mitad de su capacidad, lo que significa que la Federación ha cometido varios errores resultantes de la implementación de la reforma energética, aseveró Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El investigador de la Unidad Azcapotzalco sostuvo que en 2013 Pemex producía 300,000 barriles diarios de diésel y para noviembre de 2016 únicamente 150,000. Debido a ello, las importaciones representan 50 por ciento, lo que ha propiciado una etapa de vulnerabilidad crítica en el ámbito de la energía, sobre todo de los combustibles.
Para el académico dicha política aprobada en el 2013 significó la entrega de “campos petroleros y los negocios relacionados con la refinación del petróleo al sector privado nacional y extranjero cuyos efectos debían haberse reflejado hasta el 2018, pero en los hechos desde 2016 se permitió la importación de combustible.
Alertó que “ahora debemos pagar gasolina importada cuando se podría producir en el país y generar más empleos. Señaló que la tendencia con la entrada de los nuevos actores en el mercado de los combustibles es la automatización del funcionamiento de las estaciones de gasolina, por lo que esas fuentes de trabajo también se perderán.
Por otro lado, expuso que como consecuencia de la pérdida de las entradas de dinero por venta de petróleo, la deuda pública aumentó a alrededor de nueve millones de millones de pesos, además de que ha habido un incremento en el gasto público, el cual pasó de tres millones de millones de pesos en 2012 a cinco millones de millones de pesos previstos para este año.
A los precios de los combustibles automotrices se le adicionarán los costos que las empresas trasnacionales realicen por concepto de vigilancia de transporte de los combustibles, pues las tomas clandestinas han ido incrementándose en los últimos años, al pasar de 400 de ellas en 2010 a 5,500 en 2015.
Denunció que “este año será un periodo de mucha turbulencia, comenzando el 18 de febrero, cuando experimentaremos diversos cambios en los precios, ya que el sector privado comenzará a fijar su propia cuota”.
Estas medidas sólo fomentan mayores ganancias a los inversionistas y, con ello, provocarán un aumento de los productos básicos debido a que subirá el costo de su transportación. Además, se prevé una crisis empresarial pues diversas compañías nacionales dejarán de ser competitivas y, por tanto, habrá un mayor índice de desempleo.
El académico detalló que las reformas fiscal y energética debieron centrarse en la recaudación de mayores impuestos a las trasnacionales que actualmente son beneficiarias del negocio de los energéticos y sobre todo impulsar el desarrollo del país.
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