A cuatro años de comienzo de la actual administración federal, y si bien México ha suscrito ambiciosos compromisos de combate al cambio climático, en la práctica no se han realizado las acciones suficientes por parte de su organismo encargado de dichas políticas, la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) cuya actuación no ha podido cumplir y revertir la tendencia a la alza en la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), de acuerdo con lo que señala el informe anual «Descarbonizando las Economías del G20» presentado por la organización internacional Transparencia Climática (Climate Transparency) capítulo México.
De mantenerse la tendencia actual de generación de emisiones en el país, no será posible cumplir con las metas al año 2020 autoimpuestas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), ni con las metas asumidas en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) para el 2030 y, por consiguiente, con los objetivos del acuerdo de París de reducir la temperatura del planeta por debajo de los 2ºC, con lo cual desmitifica que los proyectos encabezados y cambios de cifras que año con año realiza la Semarnat, cuadren en esta realidad que ha demostrado le ha rebasado y que ejemplo de ello es la tardanza en la entrada de combustibles de bajo azufre, así como de las muertes por contaminación que sigue contabilizando por miles en ciudades.
Diversas organizaciones de la sociedad civil -la Iniciativa Climática de México (ICM), Transparencia Mexicana, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el Grupo de Financiamiento Climático de América Latina (GFLAC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)- presentaron los resultados del citado informe, en el cual se analizan el desempeño de los países en materia de cambio climático en el contexto de la cumbre del G20, recientemente celebrada en Hangzhou, China.
Con relación a los resultados de México, destacaron también la falta de transparencia y rendición de cuentas en lo que se refiere a los fondos para combate a cambio climático que el país ha recibido y respecto de los cuales no se conocen los proyectos a los que han sido asignados. Sobre ese punto, el informe destaca que «la transparencia y rendición de cuentas son indispensables para conocer y evaluar el desempeño de México para atender el problema del cambio climático, ya que dichos instrumentos permiten identificar la forma en la que los países están adecuado sus recursos para combatir el cambio climático y determinar su eficacia.»
Mariana Castillo, representante del GFLAC, señaló que México es el segundo receptor a nivel mundial de recursos para cambio climático y el primero en América Latina. A pesar de ello, no existe claridad respecto del manejo de esos recursos por parte del gobierno federal y de los montos asignados al sector privado para proyectos encaminados al combate al cambio climático.
En términos generales, el estudio muestra que, mientras la demanda de energía sigue aumentando, la matriz energética de México aún es altamente dependiente en los combustibles fósiles. Al respecto, Castillo Ávila comentó que «el gobierno de México continúa fomentando el uso de energías de transición como el gas natural, lo que retrasa el proceso de transición energética y obstaculiza la toma de acciones más ambiciosas como la inversión profunda en las energías renovables».
El Capítulo para México, muestra que el país aún tiene pendiente establecer las condiciones necesarias para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estipuladas tanto en la LGCC (el 30% al 2020 y el 50% al 2050) así como las NDC al 2030. «Hasta el momento el país no ha presentado una ruta coherente para atender la reducción de emisiones estipuladas en la NDC que presentó el gobierno federal ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático,» mencionó Juan Carlos Arredondo de la Iniciativa Climática de México (ICM).
Lo anterior, a pesar de que, si bien México se ha posicionado como líder en materia de cambio climático al ser el primer país en vías de desarrollo en presentar su INDC ante la Convención en marzo del 2015, en los hechos, no está realizando las acciones necesarias para reducir emisiones. «De no hacer nada diferente» -continúo Arredondo- «lo más probable es que el nivel de emisiones de México no disminuya realmente.
El informe evalúa el desempeño de los países miembros del G20 en la implementación de políticas públicas en materia de cambio climático, incluyendo temas como la intensidad de carbono en la producción de energía eléctrica, la atracción de inversión a nuevas tecnologías y las condiciones del financiamiento climático.
Vania Montalvo, de la Organización Transparencia Mexicana, señaló que en lo que toca a México, «ya se cuenta con una serie instrumentos establecidos por la LGCC. El reto como país articular nuestras leyes y generar políticas públicas que se traduzcan en una verdadera descarbonización de la economía.» Agregó que, «aún hacen falta sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) adecuados que permitan evaluar el desempeño de los recursos tanto nacionales como internacionales destinados al cambio climático, así como alinear estos esfuerzos con el marco normativo y de planeación que ya ha desarrollado México».
Por otro lado, el Informe señala que hacen falta compromisos de las principales economías del mundo para hacer frente al cambio climático. Un ejemplo de ello es la falta de inversión en el sector energético, pues únicamente se han realizado el 56% de las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la meta del Acuerdo de París de mantener la temperatura por debajo de los 2ºC; mientras que la inversión en energía renovable apenas se encuentra en un 28% del porcentaje necesario.
Por todo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil instaron al gobierno de México, cuyo encargado de políticas ambientales es Semarnat, a esclarecer dichas estrategias y a permitir la participación de los diferentes actores en su elaboración y definición. Gabriela Niño, representante del CEMDA, indicó que «aún hace falta definir un espacio y un procedimiento claro, transparente y participativo que nos permita adoptar nuevos esquemas de financiamiento que permitan el involucramiento del sector privado en las acciones de reducción de emisiones, así como el fortalecimiento del compromiso político y los marcos jurídicos necesarios para asegurar dicha participación.»
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