Los gobernados constituyen el destinatario primero y último, y principal, de la información sobre los resultados de los planes y programas de gobierno. De un gobierno democrático ante una sociedad participativa, como la nuestra, que de manera creciente entiende y atiende el hacer de Estado. Información de sus actividades y acciones, exitosas o fallidas. Información de sus tres poderes. De sus tres órdenes. La evaluación que aquéllos puedan hacer, su percepción, depende de que esa información llegue objetiva, verdadera, con oportunidad y suficiencia, a los usuarios, especializados o no, pero al fin beneficiarios o víctimas (las hay, revísense recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, nacional y locales) del ejercicio del poder público.
En esos supuestos se fundamenta la legislación sobre derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, evaluación de resultados. Las reformas que propone el Presidente Enrique Peña Nieto en esas materias tienden a hacer más eficaces esos recursos. Junto con las otras de las llamadas de gran calado, tienen como propósito la transformación de México a un Estado con mayores y mejores resultados.
En un afán de explicar la derrota panista en la elecciones federales de julio pasado, y en algunas de las entidades federativas, Alejandra de la Sota, vocera de Felipe Calderón, dijo que acaso se debiera a falta de información suficiente sobre los resultados “positivos” de la gestión del presidente derrotado (él asumió como un reto personal el proceso electoral).
¿Informaron? ¿Lograron comunicación? ¿Convencieron? Los resultados de la elección demostraron lo contrario. El partido del presidente fue relegado a un tercer lugar. Nada honroso como se le vea y “haiga sido como haiga sido”.
Estamos ahora ante un nuevo régimen. Alienta el propósito de cumplir sus responsabilidades de mejor manera y una de éstas es la de informar con oportunidad y suficiencia sobre la construcción de sus políticas públicas, desarrollo, resultados. Así escuchamos a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, al entregar las iniciativas presidenciales, de su ramo, en la Cámara de Diputados, dijo: “se presenta un paquete que apuntala la solidez de la economía y… reitera el compromiso del Presidente, con hacer de la estabilidad macroeconómica un pilar del crecimiento.
“Partiendo de la convicción y de la premisa: la estabilidad por sí misma no es el objetivo a cumplir, el objetivo es mejorar la economía familiar, que los grandes números de la macroeconomía se reflejen en el bolsillo de la gente. Pero esto se va a lograr si tenemos como premisa una política de Estado, el conservar la estabilidad, evitar brotes inflacionarios, devaluaciones, los grandes enemigos de la economía familiar”.
Concedamos que es así, el mensaje así llega al sector de los gobernados a quienes esa información le es útil, a través de los medios en general. Pero hay grupos de usuarios de la información a quienes interesan temas específicos, para atenderlos existe un periodismo alternativo que no debe ser desestimado por los responsables de las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno. Mi Ambiente, es un caso, llega a grupos amplios de la población, pero de manera especial a niños y niñas, a jóvenes, en formación de una cultura necesaria para la defensa y preservación de nuestro medio, de nuestros recursos naturales. Y por ello la pertinencia de incluirlos en sus políticas informativas.
La información debe evolucionar a comunicación. Implica un proceso de retroalimentación, del emisor al usuario al emisor, de lo que se informa. Su objetivo alcanzar gobernabilidad y gobernanza. Lo primero, posibilidad de realizar las tareas de gobierno. Gobernanza, participación convencida y responsable de la sociedad civil en tareas de Estado.
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