Comunicadores hay, sobre todo en medios televisivos, dedicados a denostar a la Cámara de Diputados. Hoy, porque “la aprobación del presupuesto de egresos de la federación” no ocurrió el 15 de noviembre, plazo prescrito por la Constitución.
No. No se aprobó en ese día, pero sí en una sesión iniciada el día 13 y que, mientras no se clausurara, mediante recesos aceptados en votación del pleno, se continuaba hasta su culminación. “La magia del reloj parlamentario” le llaman algunos. Así lo que para unos no es válido, en tanto no se cumplió en tiempo y forma con la norma, como lo señala el diputado petista Mario di Constanzo, para otros el procedimientosí fue válido.
La discusión del presupuesto de egresos de la federación, como la de la ley de ingresos, ha sido ardua. Extenuante. En ambas no todos han quedado satisfechos. Ni dentro ni fuera del gobierno, comenzando por los propios legisladores a cargo de la tarea de aprobar lo que son los ingresos y los egresos públicos.
Los medios dieron cuenta de reclamos del Presidente Felipe Calderón a grupos de la iniciativa privada que, a su decir, boicotearon sus propósitos de contar con una ley de ingresos acorde a los requerimientos del país cuando padece condiciones críticas.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se refirió a un “ejército de expertos” a disposición de los empresarios para manejar, de acuerdo a sus muy particulares intereses, sus compromisos fiscales.
Por su parte, entre los empresarios se escuchan voces que dan respuesta a uno y otro, y a otros: cumplen cabalmente con sus obligaciones, de conformidad con lo que señalan las leyes en la materia.
Cabe destacar que en el presupuesto de egresos de la federación, se consideraron los recursos correspondientes a las dependencias señaladas para extinción: (así se dice ahora ¿no?): las secretarías de la Función Pública, de Turismo y de la Reforma Agraria. ¿Con esto se quiere decir que se mantendrán a pesar de la propuesta presidencial de eliminarlas para reducir el costo de su administración? No. Lo que ocurre es que deberá modificarse el marco legal en el cual se sustentan, comenzando por la Constitución y siguiendo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Desde mi punto de vista el problema de la administración federal no es de costos (aunque deben revisarse las estructuras de mandos medios y superiores), de gastos, de presupuesto, sino de resultados. La Cámara de Diputados deberá hacer la evaluación de su desempeño a través de su órgano técnico, la Auditoría Superior de la Federación, como lo ordena la Carta Magna
Resultados. Eso es lo que no encuentra la población.
El Universal, en su edición del día 18 pasado, publica un reportaje de Liliana Alcántara y Cristina Pérez-Staldeman, en el cual señalan: “Los mexicanos están tristes. No creen en la política ni en los políticos y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats”.
En el texto refieren comentario de Ana María Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): “México es ahora como un paciente que se desangra gota a gota”.
“El remedio, coinciden estudiosos, es uno solo: o cambia el modelo económico y se replantea el papel del Estado o la situación terminará en un fondo de consecuencias inimaginables”.
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