Legislativa ambiental

En la conclusión del curso Legislación y el desarrollo rural, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados, la maestra Jazmín Santinelli expuso: “La pesca y el desarrollo rural”.

La maestra Santinelli, calificada oceanóloga, conferenciante en diversos foros y autora de múltiples artículos y ensayos sobre la materia, hizo una bien documentada exposición sobre la situación del sector pesquero y sus repercusiones en la dieta del mexicano. Partió del análisis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El sector vive momentos críticos. Debido, entre otros factores, a formas de explotación con frecuencia irracionales, que no respetan vedas, que hace uso de artes de pesca depredatorias. A la creciente contaminación ambiental. Insuficiencia de recursos públicos y privados destinados a la actividad. Ausencia de una cultura apropiada, entre los actores, en cada uno de los tramos de la cadena que lleva los productos del mar, y de la acuacultura, a los consumidores. Consumidores que, por otra parte, pagan precios incrementados por una intermediación carente de recursos suficientes y eficaces en los procesos de comercialización. Agréguense expresiones de corrupción presentes en la ruta del producto, desde su origen hasta la mesa del consumidor.

La ley antes referida, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2007. De ella dice la maestra Santinelli: “Sus principales previsiones son: la obligación del aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; el establecimiento de las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura corresponden a las diferentes dependencias; el reconocimiento al derecho de uso preferente a los pueblos y las comunidades indígenas en los lugares que ellos habiten; el otorgar el fundamento necesario para que se considere a la pesca y acuacultura como actividades prioritarias para el desarrollo nacional; un capítulo completo para la acuacultura; el incluir temas de sanidad e inocuidad; el fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico; el reestructurar el sistema de inspección y vigilancia; el promover los programas de ordenamiento pesquero; el crear el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR, y el fortalecer el esquema de la Carta Nacional Pesquera convirtiéndola en vinculante”.

Estas puntualizaciones conducen a las más variadas reflexiones. Tomemos el caso de la obligación del aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Sí, se refiere a no infringir las normas destinadas a la preservación de las especies y sus entornos. Por cuanto se trata de la acción pesquera en sí, queda clara la responsabilidad de los pescadores. Pero en lo relativo al cuidado del entorno, en ocasiones se le sacrifica en supuesto beneficio de otras actividades económicas.

Por ejemplo, aún no concluyen los afanes de empresarios del sector turismo que pretenden destruir manglares para construir instalaciones de servicios diversos. Ofrecen su trasplante a otras áreas, como si tal fuera posible. Los manglares constituyen un hábitat para numerosas especies. No sólo eso, constituyen barreras contra la erosión y son componentes de microclimas.

Construcción de infraestructura y desarrollos empresariales de todo tipo en zonas costeras y ribereñas, son contrarias a la preservación del medio. Un ejemplo: en la carretera de Boca del Río a Antón Lizardo, en el estado de Veracruz, cruzaba estacio-nalmente una gran cantidad de cangrejos. Eran aplastados por los vehículos en tránsito. Se amplió esa vía y la mortandad de esos crustáceos aumentó hasta casi acabarlos en la zona. Cosas del desarrollo económico, dirían algunos. No se ocurrió a nadie construir puentes para respetar el paso de los cangrejos.