Decíamos en entrega anterior: “la construcción de acuerdos que deriven en una tarea legislativa eficaz, demanda esfuerzos de todos los actores. En el marco del dictamen de iniciativas, paso previo a su consideración y aprobación por el pleno de la Cámara de que se trate, hace falta el acuerdo, ‘la voluntad política’ de quienes pueden ejercerla”.
Esa voluntad, en los hechos, corresponde a las coordinaciones de los grupos parlamentarios y se expresa en la Junta de Coordinación Política presidida actualmente por el diputado priísta Francisco Rojas Gutiérrez. ¿A qué intereses obedece la aceptación o no de una iniciativa? Cada caso tiene características propias. Por ello no es aceptable una conclusión simplista de que los legisladores no cumplieron con la tarea.
Debe irse más allá en el análisis de labor legislativa. Deben considerarse orígenes, ruta, consecuencias de cada iniciativa. Verdad de Perogrullo, ciertamente, pero muchos lo pasan por alto y por eso la descalificación por parte de quienes quisieran una ruta a modo en el proceso legislativo, o de personas que lo desconocen.
¿Quiénes anhelan rutas a modo? El presidente de la república, entre muchos. Por tal razón en su propuesta de reforma política presentó la llamada “iniciativa preferente”, su propósito es obligar a las Cámaras a dictaminar la que bajo esa calidad llegue a la instancia legislativa.
¿Por qué iniciativa o iniciativas preferentes? Porque en comisiones, muchas de ellas duermen el sueño de los justos en la “congeladora”, un modo de impedir que reformas a las leyes, o nuevas, lleguen a votarse en el pleno. Ni que decir que cuando un grupo parlamentario es mayoría en aquellas, no pasará lo que no acepten. Lo vimos en la pasada legislatura cuando el PAN era el grupo mayoritario. Lo tenemos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde el PRD sentó sus reales desde que llegaron al poder con Cuauhtémoc Cárdenas.
Hay asuntos en los cuales los grupos parlamentarios convienen que iniciativas y dictámenes trascendentes deberán alcanzar unanimidad. No es aceptable el mayoriteo. Esto es, la aprobación por el grupo parlamentario que por sí, o en alianza con otro, pudiera hacerlo. Hoy ocurre con el PRI en la Cámara de Diputados; éste y el PVEM, son mayoría en todas las comisiones.
Están pendientes reformas estratégicas al marco jurídico del Poder Legislativo. A la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento, éste data de 1934. Entre otras cosas, para resolver el asunto de la “congeladora”, precisamente. Otro que es fundamental: el trabajo en comisiones. Estas reformas son de las que obligan al consenso para que su aprobación, por el pleno, y su aplicación, transcurran sin fracturas.
Durante el pasado periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, bajo la muy calificada presidencia del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, trabajó arduamente en la elaboración de una propuesta de reglamento que, conjugando las aportaciones de legisladores de todas las corrientes, permita lograr un cuerpo legislativo más funcional, acorde a su evolución y a la del país.
El grupo a cargo de la tarea estuvo integrado por legisladores y asesores parlamentarios comprometidos en un propósito: lograr resultados. Destacable la aplicación de Miguel Rivera Lerma, secretario técnico de la Comisión, quien acumula muchos años de experiencia en la materia.
Así, hoy podemos tener la convicción de que la Cámara de Diputados contará con un nuevo reglamento a partir del próximo periodo ordinario de sesiones.
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