La suspensión provisional de la exhibición de la película Presunto culpable debido a orden judicial, en virtud de una disposición judicial, motivó expresiones de repudio por parte de diputados de los grupos parlamentarios presentes en la Cámara de Diputados, en la sesión del jueves pasado.
En la tribuna un importante grupo de legisladores se manifestó en contra de la ejecución, realizada en forma sospechosamente expedita, se asegura, por parte de la Secretaría de Gobernación.
Hicieron uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Cultura, Kenia López Rabadán; Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Gerardo Fernández Noroña; Javier Corral Jurado, uno de los pilares de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, aplicado defensor del interés público en materia de información y presidente de la Comisión de Gobernación; José Ramón Martel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Jaime Cárdenas Gracia, académico, integrante con licencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus expresiones fueron coincidentes en contra de un procedimiento que implica formas de censura supuestamente superadas.
Digo que son formas supuestamente superadas porque el fenómeno presenta formas tan reales como poco visibles. Dígalo si no lo sucedido recientemente por Carmen Aristegui, en MVS, y por ella misma en XEW Radio. En ambas ocasiones las empresas del caso presentaron argumentaciones en las que se adivinaba la mano del gato.
En materia cinematográfica, simplemente se niegan salas de exhibición a aquellos filmes que no convienen a los detentadores del poder en todas sus manifestaciones. La Sombra del Caudillo, por ejemplo, no llegó a los cines hasta que los grupos autoritarios que lo impedían, desaparecieron. Lo mismo ocurrió, aunque en menor medida, con La Ley de Herodes. Pero no solamente desde el gobierno se impide una exhibición. El crimen del padre Amaro, fue prohibida desde el púlpito de algunos ministros religiosos.
Los efectos han sido contrarios para los ocultos prohibidores, aunque a veces no consiguen pasar desapercibidos. Ocurre, casi siempre, que la actitud de apartar de los ojos públicos estas manifestaciones del séptimo arte, como de otras formas de la expresión artística, despierta un interés que supera al que pudiera haber habido antes, para beneplácito de los creadores. Tal sucedió con Aura, novela de Carlos Fuentes, ante la censura de que fue objeto por parte de Carlos Abascal, quien fuera secretario del Trabajo, primero, y luego de Gobernación, de Vicente Fox.
Hoy se habla del documental Presunto culpable, y esto debiera conducir a los hacedores de las leyes, a los responsables de su aplicación, y a los vigilantes de que ésta sea cabal, a una revisión exhaustiva de lo que sucede en los ámbitos de la Justicia (así, con mayúscula). Cuántas personas inocentes purgan condenas en un sistema penitenciario que de ninguna manera es propicio a la rehabilitación. Y cuántos de los perpetradores de semejantes acciones están exentos de la verificación de los procedimientos que se siguen a los indiciados.
Importante el pronunciamiento de los legisladores, que además responde a una indignación de enterados y no de lo ocurrido. Ante el acuerdo unánime de repudio, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, en seguimiento a la decisión de la asamblea, turnó el asunto a las comisiones de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía, y de Justicia, para concretarlo en un manifiesto.
Bienvenida la oportunidad.
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