El Senado de la República aprobó modificar la Ley General de Salud, y establecer que las personas que en vida no hayan manifestado su negativa a que sus órganos sean utilizados para trasplantes, se aplique el consentimiento tácito siempre y cuando éste sea avalado por algún familiar del donante. Durante la sesión plenaria, senadores de todas las fracciones parlamentarias dieron su aprobación a la minuta, misma que fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, y en ella se instituye, además, que cuando la muerte de un donante esté presuntamente relacionada con la averiguación de algún crimen, se desconozca su identidad o no se encuentre a sus familiares, el Ministerio Público intervendrá para la extracción de órganos y tejidos.
Al analizar la propuesta de modificación, los senadores consideraron que estas enmiendas garantizarán el incremento de órganos necesarios para cubrir la demanda de un trasplante de 15 mil 170 personas en México, ya que en lo que va de este año, sólo se han podido realizar poco más de 3 mil, principalmente de riñón. Ernesto Saro Bordman, presidente de la Comisión de Salud, encargado de fundamentar la minuta, destacó que la lista de personas que esperan la donación de órganos crece constantemente y “lamentablemente con los problemas de diabetes” se incrementaron los problemas renales, por lo que hay miles de personas esperando un riñón.
Enfatizó que las modificaciones a la Ley General de Salud permitirán también implementar una campaña permanente para concientizar y promover la donación de éstos. Con los cambios realizados a la ley, los comités internos de trasplantes de los establecimientos que realizan estas actividades, serán responsables del proceso de asignación, distribución y trasplante de órganos, tejidos y células en coordinación con el Centro de Trasplantes y se deberá contar con un coordinador hospitalario de donación. Senadores priistas, panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano, coincidieron en que es necesario iniciar un proceso parlamentario enfocado a recomendar a la Secretaría de Salud promover políticas públicas que permitan establecer en México empresas dedicadas a procesar hemoderivados para beneficiar a enfermos de hemofilia y quemaduras con mejores precios en sus tratamientos.
Otro paso importante que se verá reflejado en beneficio de los solicitantes, es el relativo al fortalecimiento de la cultura de la donación y trasplante de órganos, a fin de aumentar la esperanza de vida de quienes padecen una enfermedad que no se cura de manera normal. Reconocieron que esta medida no es moralmente aceptable para algunos sectores, pero también “es moralmente inadmisible provocar de manera indirecta que alguna mutilación o problemas de órganos deje inválida a una persona o le provoque su muerte”. Este es un asunto que compete a todos, pues todos podemos caer en una enfermedad renal, hepática, pulmonar o cardiaca crónica.
Como toda reforma legal, reconocieron los legisladores, ésta debe ser acompañada de las políticas públicas y presupuesto, pues sólo una cuarta parte de los hospitales considerados para el programa de trasplantes cuentan con los recursos necesarios. Los senadores coincidieron en la necesidad de promover la donación altruista de órganos para tener una esperanza de vida más grande para muchos pacientes que hoy requieren de ese servicio, y para evitar prácticas indebidas, aprobaron sancionar de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.
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