En la Cámara de Diputados, los trabajos legislativos no sólo se circunscriben al aspecto presupuestal, político y anecdótico, también se aprueban iniciativas y modificaciones normativas para beneficiar a la población mexicana. Los diputados aprobaron un dictamen para considerar al Instituto Nacional de Geriatría como instituto de salud, y así darle los medios para incrementar la infraestructura y personal médico especializados en enfermedades de la vejez. Bajo esta óptica, en el Pleno aprobaron por 365 votos a favor y dos abstenciones, modificar los artículos 5 y 7 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud. Al fundamentar el dictamen, la diputada María Cristina Díaz Salazar del Partido Revolucionario Institucional, expresó que la transformación del ING está avalada por las estadísticas que arrojan la prioridad a la salud de los adultos mayores, ya que en 30 años la pirámide de edad se invertirá y será un mayor número de personas adultas en relación a niños y jóvenes. Puntualizó que estos cambios demográficos se consideran el mayor desafío al que se enfrenta el actual gobierno, pues traerán enfermedades que provocarán crecientes costos de los servicios de salud.
En el documento aprobado se menciona que en México desde el siglo XX se han originado grandes cambios demográficos; entre éstos el inicio del proceso de envejecimiento que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas. México, se subraya, es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, “es necesario analizar las condiciones de vida y brindar atención a los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir, se acota. Para el representante del Partido del Trabajo, diputado Gerardo Fernández Noroña, dotar al Instituto Nacional de Geriatría de personalidad jurídica y patrimonio propio, representa un paso, pero no suficiente, ya que se vive un proceso de desigualdad, de injusticia, de simulación brutal donde los niños y ancianos, así como las mujeres, son quienes “pagan la peor parte del costo de las políticas criminales en contra de la población”.
La diputada Oralia López Hernández del Partido Acción Nacional, destacó que uno de los sectores de la población que ha creció rápidamente desde la década pasada es la de los adultos mayores. Dicha dinámica, subrayó, ha traído consecuencias económicas, sociales, culturales, y ha implicado una serie de responsabilidades y compromisos, no sólo para el gobierno sino también para las instituciones y la sociedad en su conjunto. Para concluir su disertación a favor del dictamen, la diputada Díaz Salazar precisó una verdad de Perogrullo: El reto es ofrecer a los mayores de 60 años servicios de salud, alimentación, abrigo y vivienda, sobre todo, a quienes están en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, considerando la falta de infraestructura y de personal médico especializado en enfermedades de la vejez.
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