En concordancia con lo manifestado por el actual gobierno federal de acabar con malos manejos y prácticas poco éticas y transparentes, un grupo de senadores de la fracción panista, presentaron ante la Comisión Permanente, una iniciativa de ley para determinar el perfil de servidores encargados de ejecutar programas sociales.
A nombre propio y de un grupo de sus compañeros legisladores, Juan Carlos Romero Hicks utilizó la sesión plenaria de la Permanente para dar a conocer su iniciativa que permitirá determinar el perfil para todas aquellas personas titulares de áreas que ejecuten programas sociales en las distintas delegaciones pertenecientes a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal de nuestro país.
La propuesta, turnada de inmediato a las comisiones unidas de Gobernación y de Desarrollo Social del Senado de la República, adiciona un inciso e) al Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y señala también las condiciones adicionales que deberán cumplir tales delegaciones cuando la dependencia o entidad a las que pertenezcan ejecuten programas sujetos a reglas de operación, cuyo fin sea la entrega de un beneficio social directamente a la población.
Contempla además, establecer como requisito adicional a los vigentes actualmente, que cuando se trate de aquellas delegaciones que ejecutan programas de índole social, el titular de la misma no haya desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éste o dirigente de partido político en los tres años anteriores al día de su designación.
A su vez, dicha restricción tiene como propósito ser congruentes con el objeto de las disposiciones establecidas en los incisos c) y d) de la fracción III del mismo Artículo 17 Bis, que es evitar el uso para fines distintos a los establecidos en el programa o la manipulación política del mismo, señaló el legislador panista.
Congruente con la propuesta de adición al Artículo 17 Bis, se plantea lo propio en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer los aspectos a cumplir en el ejercicio de la política de desarrollo social en los diversos niveles de gobierno:
“Que la persona en quien recaiga la titularidad de las áreas de la administración pública municipal o estatal que desarrollen y ejecuten la aplicación de políticas y programas sociales, deberá contar con conocimientos y experiencia profesional en la materia de desarrollo social”.
No se trata de restringir el acceso a ellos, sino de “tener servidores públicos que se mantengan ajenos a intereses políticos, de partidos o cualquier otro distinto al desarrollo social y la función pública”, enfatizó el senador panista.
Esta no es la primera iniciativa que se presenta sobre la materia, pues la LX Legislatura aprobó el 15 de diciembre de 2009 un dictamen que contemplaba un conjunto de propuestas que tenían como propósito el establecimiento de requisitos y restricciones para evitar el posible uso parcial de los recursos públicos destinados para el desarrollo social, porque es fundamental salvaguardar los derechos sociales de los mexicanos por encima de los derechos individuales.
Esperemos que en esta ocasión se concreten mejores resultados para transparentar la administración pública.
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