Los mexicanos que deseen casarse lo podrán hacer solamente hasta alcanzar la mayoría de edad, es decir, una vez cumplidos los 18 años. Con ello se evitará que las mujeres sean víctimas de “granujas y barbajanes”, que enamoran a las niñas y hasta se casan con ellas para después explotarlas sexualmente.
Con el fin de evitar los matrimonios infantiles en todo el país y terminar con la vieja práctica de “salvar la honra de la familia”, senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron proponer la modificación en el Código Civil Federal de la edad mínima para contraer matrimonio para hombres y mujeres.
Actualmente, los varones se pueden casar a los 16 años y las mujeres a los 14 y con la propuesta de modificación, será igual en ambos casos y, según datos de la ONU, el matrimonio infantil viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, ya que se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.
Dentro de esos estudios, la Organización de las Naciones Unidas indica que actualmente hay 60 millones de mujeres en el mundo, de entre 20 y 24 años, que se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años de edad. Es decir, una de cada tres mujeres se casa siendo niña, siendo adolescente y en México, hay 388 mil 381 niñas y niños que están casados o viven en unión libre, en muchos de los casos, sólo para poner a salvo ese tan defenestrado honor de la familia y que antaño fue tema en los grandes melodramas del cine mexicano.
Ante esta circunstancia y en virtud de que estamos en la primera década del siglo XXI, es necesario que los padres deben ser más concientes de que a los niños y jóvenes que contraen matrimonio a temprana edad les toma más tiempo madurar y ser responsables, por lo que no se les debe permitir ni obligar a casarse antes de que hayan alcanzado la madurez plena.
Asimismo, el matrimonio infantil trae aparejadas consecuencias negativas como la separación de la familia, la falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad y participar en actividades propias de su edad y se reducen las oportunidades de recibir una educación adecuada.
De ahí que, las modificaciones que se pretenden hacer al Código Civil Federal y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplan eliminar la facultad de las autoridades administrativas de conceder dispensas, pues no se debe permitir que quienes no conocen la situación de forma correcta y sin valorar elementos, den la dispensa haciendo uso discrecional de una facultad que puede generar corrupción.
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