El Pleno de la Cámara de Diputados aumentó de 50 a 60 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la multa máxima para quienes provoquen daño ambiental, pues desde diciembre 2001, no se actualiza esta sanción.
Con 405 votos a favor y 1 abstención, el Pleno modificó el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para sancionar al infractor reincidente en conductas que impliquen infracciones a un mismo modelo en un periodo de 3 años en lugar de 2 como actualmente se señala.
Se argumenta que 50 mil días de salario mínimo, es insuficiente para inhibir a la persona que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pude ser mayor a la sanción, lo que hace rentable cometer el ilícito.
Los diputados consideraron oportuna la multa para disuadir al infractor, tomando en cuenta su capacidad económica, “pero sin olvidar dar el monto del beneficio que pudo obtener o del perjuicio que pudo causar, pues aun cuando sea reincidente debe haber cierta proporción o relación entre estos últimos elementos y el monto de la multa”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), sostuvo que la normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos eficaces que garanticen la adecuada protección.
Se requieren, dijo, multas económicas severas para rescatar la zona afectada y al mismo tiempo inhibir, en lo posible, la conducta infractora y el daño.
Los posicionamientos vertidos por legisladores de distintas fracciones parlamentarias resaltaron que México ha experimentado pérdidas, deterioro e incontrolables afectaciones a la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y el Medio Ambiente.
Incrementar la multa es pertinente, ya que no se ha actualizado en más de una década, y en diversas ocasiones, el beneficio económico de cometer el delito ambiental puede ser mayor a la sanción económica.
El diputado Darío Badillo Ramírez (PRI) señaló: “Estamos a tiempo de evitar un colapso de nuestro Planeta y el de nuestra forma de vida”.
Aprobada la reforma, se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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