Los diputados aprobaron por unanimidad reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32 bis, para armonizar las políticas públicas que mitiguen los efectos climáticos y preserven el Medio Ambiente en el marco de la Ley General de Cambio Climático.
Así, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), coordinará los planes encaminados a prevenir y combatir el impacto climático en la población, cuyos efectos cobraron en la última década la vida de 5 mil mexicanos y daños por 250 mil millones de pesos.
La reforma pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, y ordena la coordinación de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores para combatir el Cambio Climático.
Los legisladores afirmaron: mediante la coordinación gubernamental se dará rumbo fijo y claro a las políticas públicas que redunden en beneficio de la sociedad; que si bien no se eviten daños, se mitiguen.
La reforma, dijeron, consolidará la capacidad del gobierno de la República, fortalecerá la vinculación con los tres niveles de gobierno para actuar de manera coordinada, en el cumplimiento de las acciones que señala la Ley General de Cambio Climático.
Consideraron de urgencia lograr un desarrollo industrial y social más armónico con el Medio Ambiente, así como aumentar la capacidad de prevención ante desastres naturales.
Mencionaron que México ocupa el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal, ya que se han talado 6.3 millones de hectáreas de bosques; y las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 dejaron 5 mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos.
El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado debe garantizarlo, de ahí, la necesidad de resolver los problemas derivados del cambio climático que obligan a la acción conjunta del aparato gubernamental federal, concluyeron.
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