De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Hulera, en el país se consumen anualmente más de 30 millones de neumáticos nuevos cuyo diseño impide su fácil degradación y se convierten en lugares propicios para parásitos y plagas que afectan a la población.
Ante este grave problema de salud, consciente de que se debe resolver todo aquello que lesione la salud de los mexicanos y las condiciones climáticas del país, el Senado de la República aprobó un dictamen sobre una iniciativa que crea obligaciones e incentivos para garantizar la recolección, concentración, procesamiento y reciclaje de neumáticos usados.
Al respecto, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, organismo político promotor de la reforma, dijo que esta evitará que la falta de control en el manejo de estos residuos ocasione afectaciones a la salud y al medio ambiente.
El dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), sentando las bases para una estrategia nacional para el control, procesamiento y reciclado de los neumáticos usados.
Las reformas establecen que importadores y distribuidores tendrán que contar con un plan de manejo especial; solicita a los estados establecer lineamientos sobre el control integral; prohíbe tirar este tipo de residuos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, así como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.
Fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores estarán obligados a garantizar la recolección de los neumáticos usados de acuerdo a la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo creados bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida.
Se incluye que las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.
La quema de llantas genera dioxinas y furanos que son considerados contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos, por lo que esta iniciativa presentada en 2011 y aprobada por 81 votos, es un logro importante en materia de cuidado a la salud y protección al medio ambiente.
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