Una propuesta por demás interesante, avalada con datos duros que merecen un análisis real, desprovisto de cualquier prejuicio legal y político, dejó ante diputados de la LXII Legislatura, la magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito del Poder judicial de la Federación, Lilia Mónica López Benítez.
El dilema o tarea pendiente en la agenda del Poder Legislativo en materia de Testigos Protegidos es: legitimar la intervención de los jueces para definir a las personas susceptibles de ser consideradas o bien, mantener como hasta ahora esa responsabilidad en el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República.
Al dictar la conferencia magistral “Testigos Protegidos”, en el ciclo sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y el pleno respeto de los derechos humanos, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (Cedip), López Benitez destacó:
Combatir al crimen organizado con testigos protegidos a costado a los mexicanos en 1997 un 1 millón 8 mil 144 pesos para proteger a 19 testigos; en 1998, un millón 168 mil 229, también para 19; en 1999, un millón 146 mil 955 por proteger a 30 testigos.
De 2000 a 2012, las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261 mil 493 pesos para la protección de testigos colaboradores. En este lapso 614 testigos, murieron a manos de sicarios en el momento mismo de la salvaguarda.
Apuntó que no basta tener una norma constitucional, una ley especial y mucho menos los buenos propósitos. Consideró conveniente que “sea un juez federal el que autorice la protección a un testigo, y por tratarse de una medida cautelar tendría que ser un juez de cateos, arraigo e intervención de comunicaciones y de protección de personas el que defina, en última instancia”.
“De nada van a servir testigos protegidos, que nos están costando, si no tenemos verdaderamente una policía de investigación; valorar si la protección de estas personas, al costo que ha significado, ha sido útil para desmembrar a la delincuencia organizada”, propuso.
Ahí está el punto, los legisladores tienen la palabra.
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