La lucha del Estado mexicano en contra de fenómenos como la violencia y la discriminación requieren de la enseñanza de los derechos humanos desde el inicio del proceso educativo.
La aseveración anterior es de la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, al presentar una iniciativa de reformas del artículo 38 de la Ley General de Educación, ante el pleno de la Comisión Permanente.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional consideró que la situación que prevalece en el país en materia de derechos humanos “es en parte expresión de la cultura y educación cívica que se ha enseñado en aulas, centros de formación y docencia en los últimos años”.
En 25 años de abordar el tema, sólo 55 por ciento de la población que tiene menos de 30 años ha vivido bajo esta cultura y no necesariamente significa que la comprendan en toda su extensión. Para el resto, dijo, el ejercicio sustantivo de derechos no tiene demasiado sentido si no se han visto envueltos en incidentes de índole penal o en la defensa de los mismos.
Se puede afirmar que un bajo porcentaje de la población conoce en qué consisten los derechos humanos y cuáles son las vías y mecanismos para ejercerlos. La mayoría de los mexicanos no ha estado en contacto directo con la cultura y el discurso de los derechos humanos.
La propuesta de Gastélum Bajo modifica la Ley General de Educación para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implemente, en los niveles de primaria y secundaria, un modelo educativo con un enfoque transversal de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
En la exposición de motivos, la senadora recordó que desde los años setentas, los libros de texto gratuito incluían la educación cívica como parte de la formación de niños, niñas y adolescentes, lo que permitía construir, además de una identidad nacional e identificación con la patria, la promoción de valores como el respeto, tolerancia e igualdad con las personas.
Con un esquema educativo con perspectiva de derechos humanos, enfatizó, se fortalecerán los valores para construir una sociedad justa, con conciencia cívica y bienestar social.
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